El Supremo Militar ha dictado una sentencia absolutoria a favor de un guardia civil, destinado en el cuartel de Calvià, que fue sancionado con pérdida de empleo, por utilizar su defensa y golpear a un turista británico que había protagonizado un incidente en Punta Ballena, en Magaluf.
Los jueces anulan la sanción disciplinaria porque entienden que el agente no tuvo un juicio justo, ya que durante la investigación se le denegó a que se pudiera tomar declaración a un testigo que vio el desarrollo de los hechos. Los instructores de la sanción se basaron únicamente en una grabación, donde se observa que este guardia civil y su compañero de patrulla golpean a dos turistas que mantenían una actitud muy agresiva.
Los hechos se sitúan en el mes de diciembre del año 2018. La patrulla de la Guardia Civil de Calvià, en funciones de seguridad ciudadana, había sido requerida por el portero de un pub. El personal de seguridad había intervenido en una violenta pelea que mantenían dos grupos de turistas ingleses. Uno de estos grupos fue expulsado del local, si bien varios de sus integrantes, armados con botellas y vasos de cristal, todos ellos en un profundo estado de embriaguez, forcejearon con los vigilantes porque pretendían volver a entrar en el bar.
El clima de tensión se fue acalorando de tal manera que los porteros llamaron a la Guardia Civil de Calvià para que acudiera en su ayuda. Dos agentes que esa noche estaban de turno acudieron al requerimiento. En un vídeo, que fue publicado por Diario de Mallorca, así como por otro medio de comunicación británico, se observa cómo los dos agentes sacaron su defensa personal y golpearon a dos turistas. Era un joven y su pareja. Uno de ellos cayó al suelo, pero no figura ninguna lesión.
Los dos funcionarios defendían que se trató de una agresión proporcionada. Intentaban evitar un incidente mayor, dado que un grupo de británicos, en una actitud muy acalorada, pretendía entrar de nuevo en el pub, para agredir a unos compatriotas.
La publicación del vídeo, que grabó un testigo del incidente, motivó una investigación interna. Se nombró a dos instructores, que llegaron a la conclusión que la actuación de los dos guardias civiles había sido desproporcionada, dado que entendían que no se justificaba que hubieran utilizado las defensas para golpear a los dos turistas. Aplicaban la norma que señala que únicamente se puede utilizar la defensa en situaciones donde existe "un riesgo grave para su vida, su integridad física o de terceras personas". Interpretando el vídeo se propuso que uno de estos agentes fuera sancionado con ocho días de pérdida de empleo y sueldo. Esta sanción disciplinaria queda anotada en su hoja de servicios y puede afectar a futuros ascensos.
Un juicio sin testigos
El agente no aceptó la sanción y recurrió al Tribunal Militar, defendiendo su actuación profesional, a la vez que denunciaba una serie de irregularidades graves durante la investigación disciplinaria. Por ejemplo, denunció que no se había tomado declaración al portero del pub, que requirió su presencia. Este testigo podría explicar de qué forma se desarrollaron los hechos y señalar si era necesaria o no el uso de la defensa.
Los jueces interpretan que el agente sancionado tiene la razón, dado que consideran que es insuficiente basar la sanción únicamente en el vídeo. La grabación, de apenas un minuto de duración, solo recogía parte del incidente. Sin embargo, si se hubiera llamado a declarar al principal testigo se hubiera tenido una visión mucho más global del incidente. A pesar de que no se escuchó nunca la versión del portero, en la sanción se afirmaba que no existió en el incidente con los turistas ni provocación, ni agresividad, ni tampoco un peligro a la seguridad ciudadana.
