29 de abril de 2019
29.04.2019
Investigación

Condenado un menor que cometió once robos en tres meses en Palma

El Govern deberá abonar hasta 3.000 euros a los afectados, ya que el adolescente había huido de un centro

28.04.2019 | 19:59
Puerta fracturada de un comercio desvalijado por el menor.

Un menor ha sido condenado por una oleada de robos con fuerza en comercios de Palma, en los que se adueñó de más de 4.600 euros y causó cuantiosos daños. El adolescente actuó en once establecimientos a lo largo de tres meses y se llevó tanto dinero en efectivo como objetos de valor. El fallo considera al Govern responsable civil porque el chico estaba fugado de un centro de internamiento cuando delinquió y le obliga a indemnizar a los perjudicados. La Audiencia ha ratificado la sentencia del juzgado de menores.

El fallo considera probado que el menor aprovechó un permiso del centro de reforma en el que estaba recluido, al que no regresó para cometer los robos. Entre el 30 de mayo y el 23 de agosto de 2016 actuó en once comercios –clínicas, restaurantes, tiendas, hostales y naves industriales– de Palma, a los que accedió tras forzar alguna puerta haciendo palanca. El adolescente, en algunos ocasiones acompañado por mayores de edad, se adueñaba habitualmente del dinero de la caja registradora y los efectos de valor que hubiera dentro. Además, provocó importantes daños en los locales, tanto al fracturar el acceso como al revolver en el mobiliario en busca de dinero y objetos valiosos.

El acusado fue finalmente detenido por la Policía, cuyo grupo de Robos llevó a cabo la investigación, y reingresó en el centro de internamiento. La sentencia fija en algo más de 4.610 euros el botín obtenido por el adolescente y tasa en 1.480 euros los daños provocados.

El juzgado de menores número 1 de Palma condenó al adolescente y le impuso una serie de medidas, que incluye tanto un periodo de internamiento como actividades socioeducativas. La sentencia declaró al Govern y a la madre del chico responsables civiles de los robos. Por ello, debían indemnizar a los perjudicados. En el caso de la institución, se marcó un límite de 3.000 euros.

La fiscalía recurrió esta limitación de la responsabilidad del Govern ante la Audiencia Provincial, reclamando que se le condenara a abonar las indemnizaciones íntegramente, pero el tribunal ha rechazado esta petición.

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