La familia de la menor de 15 años atropellada mortalmente por una conductora ebria el pasado 24 de junio en sa Ràpita, cuando venía con unos amigos de celebrar la Nit de Sant Joan, pidió ayer el ingreso en prisión de la procesada o la elevación de la fianza hasta los 50.000 euros. Estas dos posibilidades fueron planteadas por el abogado de la acusación particular durante la vista de apelación celebrada ayer en la Audiencia Provincial. El fiscal, por su parte, no solicitó su ingreso en la cárcel ni reclamó un aumento de la caución, fijada en 12.000 euros y que abonó la conductora tras pasar once días en prisión.
El abogado Daniel Castro, que ejerce la acusación particular en representación de la familia de Paula Fornés, planteó ayer que los hechos ocurridos la pasada Nit de Sant Joan en sa Ràpita durante el atropello de la chica podrían ser constitutivos de hasta tres delitos distintos. En total podrían acarrear penas de hasta nueve años de prisión.
Así, el letrado considera que, además del homicidio imprudente de la menor sancionado con penas comprendidas entre dos años y medio y cuatro años por el atropello mortal de la menor, al circular la conductora bajo los efectos del alcohol, aprecia que también concurren otros dos delitos que no han sido tenidos en cuenta.
A la muerte de la menor habría que añadir otro presunto delito de lesiones imprudentes, ya que una de las amigas de la víctima también fue arrollada por el mismo vehículo. No obstante, está pendiente de que el parte médico sea aportado a la causa.
Ebria y sin seguro
A juicio de este abogado, la conductora del vehículo también habría cometido el día de autos un presunto delito de conducción temeraria. Tras haber arrollado mortalmente a la menor, circuló varios metros en sentido contrario. Otra mujer que iba al volante de otro coche tuvo que realizar una brusca maniobra para evitar la colisión.
El abogado también se cuestionó el supuesto arraigo esgrimido por el fiscal para pedir la libertad bajo fianza de la conductora. "Toda su familia es polaca. No hay motivos para argumentar que está arraigada" sostuvo. Renata G., de 44 años, circulaba ebria y sin seguro obligatorio. Fue condenada en 2015 por conducir bajo los efectos del alcohol.
