Los dos dueños de un prostíbulo de Palma aceptaron ayer sendas penas de un año y tres meses de cárcel por tener a 21 trabajadoras extranjeras sin contrato. La mayoría de ellas no estaban dadas de alta en la Seguridad Social y otras no tenían siquiera los permisos necesarios para trabajar en España. Los sospechosos se conformaron con las condenas tras alcanzar un acuerdo con la fiscalía, que rebajó su petición inicial de 4 años de prisión. Además, no podrán regentar negocios durante el tiempo de la condena y deberán abonar una multa de 1.260 euros cada uno.
Los procesados estaban al frente de un local llamado Pasarella, situado en la calle Manacor, que se presentaba como club de alterne y de chicas de compañía. Ambos explotaban conjuntamente el negocio; la mujer como encargada y arrendadora del local y el hombre como administrador de la empresa y camarero.
Como ellos mismos admitieron ayer ante el tribunal de la sección segunda de la Audiencia, los dos se pusieron de acuerdo para obtener un beneficio ilícito con irregularidades en las contrataciones de sus trabajadoras.
El caso salió a la luz el 20 de noviembre de 2015, cuando Inspección de Trabajo llevó a cabo una actuación en el establecimiento para comprobar la situación de los empleados. Así se descubrió que en el negocio trabajaban 21 chicas búlgaras, brasileñas, rumanas, paraguayas, dominicanas y venezolanas. Los inspectores recabaron la documentación de las empleadas y descubrieron las irregularidades.
Un total de 18 mujeres no estaban dadas de alta en la Tesorería General de la Seguridad Social. Además, las otras tres carecían de los documentos pertinentes para trabajar de forma legal en España.
El asunto acabó en un juzgado de instrucción de Palma. Tras las indagaciones, la fiscalía acusó a los dos responsables del prostíbulo de un delito contra los derechos de los trabajadores. En su escrito de conclusiones provisionales, el ministerio público solicitó cuatro años de cárcel y 3.000 euros de multa para cada uno de ellos.
Ayer, antes del juicio celebrado en la Audiencia Provincial, la fiscal y las defensas alcanzaron un acuerdo de conformidad. Finalmente, los sospechosos reconocieron los hechos y aceptaron un año y tres meses de prisión, una multa de siete meses a razón de seis euros diarios -1.260 euros en total- y su inhabilitación para regentar negocios durante ese periodo. Además, deberán participar en un programa sobre trata de seres humanos.
Las partes acordaron también que se suspenda la ejecución de la pena durante tres años, siempre que no cometan nuevos delitos durante este tiempo y acudan al programa indicado.
