La fiscalía reclama una pena de ocho años de prisión para una mujer nigeriana acusada de trata de seres por captar a una joven compatriota en su país, trasladarla a Palma con una falsa promesa de trabajo como camarera y, una vez en la isla, obligarla a ejercer la prostitución en dos clubes de alterne de Inca para que saldara una deuda de 25.000 euros a finales de 2016.
La víctima, de 25 años, llegó a Mallorca tras un penoso viaje desde Nigeria. Primero fue a Libia por carretera y desde allí embarcó en una patera que la llevó a Italia. La autoridades del país transalpino la interceptaron y la trasladaron a un campamento de refugiados en la zona del valle del Po. La encausada supuestamente la recogió allí y, tras proporcionarle documentación falsificada, viajó a Palma en un vuelo desde Bolonia.
Cuando llegó a la isla, la sospechosa le retuvo el pasaporte, le comunicó que había contraído una deuda con ella de 25.000 euros y la forzó a que fuera explotada sexualmente en locales de alterne, donde la sometía a un estricto control entre los meses de octubre de 2016 y el 19 de enero de 2017, según la versión de la acusación pública. Durante este periodo, la perjudicada sufrió en al menos tres ocasiones agresiones físicas por parte de la acusada cuando le indicó que no quería seguir ejerciendo la prostitución.
La Policía Nacional logró liberar a la joven en enero de 2017, después de que un cliente de un club alertara a los agentes de su situación.
El caso será juzgado próximamente en la Audiencia de Palma. El fiscal acusa a la sospechosa, de 35 años, de un delito de trata de seres humanos, otro de prostitución coactiva y otro contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Además de la condena de ocho años de cárcel, el ministerio público también solicita que se prohíba a la mujer aproximarse y comunicarse con la víctima por un periodo de 15 años. En concepto de responsabilidad civil, la fiscalía pide que indemnice a la perjudicada con 1.800 euros por el dinero obtenido mediante el ejercicio de la prostitución en la isla y con otros 15.000 euros por el daño moral causado.
Por su parte, la abogada de la acusación particular, Dolores Puertas, reclama la misma pena de ocho años de prisión y una indemnización de 25.000 euros por los daños morales ocasionados a la joven nigeriana que fue explotada sexualmente.
Octubre de 2016
Los hechos se remontan a fechas anteriores a octubre de 2016 cuando la acusada captó a una compatriota, de 25 años, y organizó su traslado desde Nigeria. Contactó con ella a través de familiares y se aprovechó de la precaria situación económica en la que se hallaba en su país de origen para ofrecerle la falsa posibilidad de viajar a España para trabajar como camarera, según la versión de la fiscalía.
La joven aceptó venir a Europa y realizó un juramento de fidelidad. Tras un tortuoso viaje a Libia y luego en patera hasta Italia, finalmente la víctima llegó a Palma en un vuelo desde Bolonia el pasado 24 de octubre de 2016. La acusada presuntamente le dio documentación falsa a nombre de otra mujer para poder coger el avión. El fiscal detalla que no consta que estos documentos fueran elaborados o utilizados dentro del territorio nacional de España.
Una vez llegó a Mallorca la joven, la encausada la alojó en su propio domicilio en la calle San Vicente Ferrer, en Palma, donde le retuvo el pasaporte y le informó de que había contraído una deuda con ella de 25.000 euros que debía saldar ejerciendo la prostitución en dos clubes de alterne de Inca, según la fiscalía.
La perjudicada, que se encontraba en una situación extremadamente precaria al desconocer el idioma, debido a su situación irregular en España, carecer de familiares o amigos en este territorio, y ante la imposibilidad de acceder al mercado laboral y por el miedo a agresiones físicas a ella o a su familia en Nigeria, se vio obligada a prostituirse desde finales de octubre de 2016 al 19 de enero de 2017.
Durante estos meses, la encausada acompañaba a la joven en todos sus desplazamientos, incluso a los locales donde era explotada. Allí, llegaba a intermediar con los posibles clientes a los que solicitaba la cantidad de 35 euros por mantener relaciones sexuales con la víctima durante media hora. La perjudicada debía entregarle todo el dinero que obtenía. En ese periodo recaudó 1.800 euros. La joven fue agredida, amenazada y castigada, según la acusación, cuando su captora consideraba que no había ganado suficiente dinero.
Un cliente de un club de Inca denunció la situación de la muchacha y la Policía Nacional la liberó y detuvo a la sospechosa en enero de 2017. En un principio, la mujer también fue acusada de obligarla a abortar al quedar embarazada de un cliente.
