La Audiencia Nacional ha asumido el caso Prestamitos, la macroestafa piramidal de entre 11 y 14 millones de euros que se gestó en Mallorca a partir de 2005 y que afecta a más de 200 personas de distintas ciudades españolas. Se trata de una de las mayores estafas registradas en la isla. En la causa figuran 25 querellas, varias de ellas con múltiples querellantes y cerca de 130 denuncias de perjudicados de toda España que fueron captados por un entramado empresarial para invertir dinero a cambio de obtener suculentos beneficios con intereses de hasta el 50 por ciento al mes.
La Audiencia de Palma ha dado la razón a una de las acusaciones particulares y ha acordado la competencia objetiva de un juzgado central de instrucción de la Audiencia Nacional al considerar que, una vez calificados los hechos por las acusaciones como un delito masa o un delito continuado de estafa, entre otros, afecta a "una generalidad de personas" de distintas ciudades españolas en el territorio de más de una Audiencia. Por ello, el tribunal palmesano de la sección primera ha enviado la compleja causa a Madrid.
De hecho, el juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ya ha asumido el caso. La macroestafa piramidal de Prestamitos fue investigada por el juzgado de instrucción número 2 de PalmaP. La fiscalía solicita para el 'cerebro' de la trama una condena de once años de prisión, mientras que para otros tres colaboradores, entre ellos un hijo, pide cuatro años de cárcel por estafa y apropiación indebida.
La Audiencia de Palma analiza varias resoluciones del Tribunal Supremo para tratar la cuestión de competencia planteada y también tiene en cuenta los hechos por los que se formula acusación, así como la calificación jurídica de las acusaciones, para concluir que "es evidente que nos hallamos ante una defraudación que ha causado un perjuicio patrimonial a una generalidad de personas, con unos 200 perjudicados, en el territorio de más de una Audiencia (Cádiz, Granada, Madrid, Palma, Valencia, Barcelona, etc.)".
Conforme a los escritos de acusación, el número de perjudicados ronda los 200, la cantidad defraudada se sitúa en más de once millones de euros y los afectados lo son de diversas localidades de España: Palma, Eivissa, Murcia, Valencia, A Coruña, Barcelona, Málaga, Madrid, Santa Cruz de Tenerife, San Sebastián, Alicante, Girona, Segovia, Cádiz, Zaragoza, Valladolid, Logroño, Lleida, Guipúzcoa, Puerto de la Cruz de Tenerife, Granada y Vizcaya.
La sección primera de Palma insiste en que en el caso Prestamitos se ha causado un perjuicio patrimonial a "una generalidad de personas", en el territorio de más de una Audiencia, sin que pueda desecharse el grave perjuicio económico pues el fraude se estima en más de once millones de euros. Y el Tribunal Supremo entiende "notoria gravedad" en la cuantía de dos millones de euros. Además, se han calificado los hechos como delito masa de estafa agravada, entre otros. Esta modalidad agravada del delito continuado se caracteriza por dos elementos propios: notoria gravedad y una generalidad de personas.
Los acusados actuaban bajo el amparo del grupo Esdinero, anunciaban sus servicios como grupos de inversores ofertando una alta rentabilidad mensual por depositar dinero y lo hacían a través de Internet, folletos y anuncios en prensa gratuita.
El 'modus operandi' se encuadra en las denominadas estafas piramidales. Captaban fondos de pequeños inversores bajo la promesa de una alta rentabilidad mensual muy por encima de la del mercado. Tras una primera inversión y un primer abono de los intereses pactados, el engañado hacía segundas y sucesivas inversiones que jamás eran remuneradas. Así, no recibía ni los intereses ni el reintegro del capital. Los ingresos se hacían en cuentas bancarias ubicadas en Madrid y varias localidades de Mallorca.
