El abogado de la asociación Equipo 25.2, que vela por los derechos de los reclusos, ha ampliado su denuncia contra los funcionarios de la cárcel de Palma por omisión del deber de socorro y homicidio por imprudencia grave y ahora incluye al Estado como responsable civil subsidiario tras la muerte de un preso de 32 años, cuyo cadáver fue hallado en su celda el pasado 23 de diciembre de 2016.
En la denuncia, el letrado destaca que los trabajadores del centro penitenciario no auxiliaron al recluso que estaba en malas condiciones y que había anunciado que se iba a quitar la vida. Un día antes del óbito, el compañero de celda del fallecido alertó mediante tres instancias oficiales a la directora de la prisión, el subdirector de seguridad y al servicio médico de urgencias de la cárcel sobre el mal estado del joven. En estos documentos, hacía constar que el interno le había dicho que se quería suicidar y por ello "rogaba" que un médico le visitara con urgencia ya que iba muy drogado y no le veía bien. Estas instancias no sirvieron de nada y al día siguiente el preso apareció muerto en su celda junto a una jeringuilla. La conclusión provisional de la autopsia apuntó a una muerte súbita, es decir un fallecimiento por causas naturales. Sin embargo, los análisis posteriores realizados en Barcelona detectaron la presencia de drogas en el organismo del fallecido. Además, la familia del joven ha asegurado que esa semana le vieron muy mal, bajo los efectos de drogas.
