Un jurado popular juzgará la próxima semana a una funcionaria de Artà por presuntamente apropiarse de 65.080 euros de las multas que imponía el Ayuntamiento en materia urbanística. La fiscalía reclama seis años de cárcel para la acusada por un supuesto delito de malversación, quince años de inhabilitación y la devolución de los fondos de los que se apoderó. Según el fiscal, la funcionaria, auxiliar administrativa, era la encargada de tramitar los expedientes de infracción urbanística y cobrar los importes de las multas impuestas. Entre 2007 y 2011 se quedó 65.080 euros de estas sanciones.
