Multa de 10.000 euros a los dueños de dos restaurantes por explotación laboral

Los dueños de dos restaurantes de Palma aceptaron ayer en la Audiencia Provincial sendas penas de multa de 10.000 euros por explotación laboral por imponer condiciones abusivas a sus trabajadores, a quienes vigilaban constantemente a través de videocámaras y menospreciaban llamándoles "rata, perro o inútil" entre los años 2013 y 2015. Los acusados vulneraban los derechos de sus empleados y se aprovechaban de su situación de necesidad, ya que no podían perder su puesto de trabajo debido las cargas familiares a las que tenían que hacer frente. Así, las víctimas solo disponían de un día de descanso a la semana, no tenían vacaciones retribuidas ni podían ponerse de baja por enfermedad o pedir el permiso de paternidad. Además, les imponían sanciones y les descontaban las propinas si rompían algún vaso o plato.

Los dos sospechosos, un joven español de 28 años y su compañera sentimental, de 27 y origen rumano, ayer confesaron los hechos ante el tribunal de la sección segunda. La pareja eludió la prisión y se conformó con una multa de 10.000 euros para cada uno. Ambos se declararon autores de un delito contra los derechos de los trabajadores en su modalidad de imponer condiciones abusivas a empleados.

Inicialmente, la fiscalía solicitaba para ellos sendas condenas de cinco años de cárcel y su inhabilitación para el ejercicio de cualquier tipo de comercio o profesión relacionado con la alimentación por ese mismo periodo. El ministerio público rebajó considerablemente su petición al retirar el delito conta la salud pública por prácticas insalubres y solo acusó por el delito contra los derechos de los trabajadores. Por este motivo, la pena fue de dos años y nueve meses de multa a razón de diez euros diarios.

La pareja regentaba desde 2012 hasta marzo de 2015 dos restaurantes ubicados en las calles Verge de Montserrat y Cardenal Rossell, en Palma, vulnerando de forma sistemática entre 2013 y 2015 los derechos laborales de los empleados. Los acusados contrataban a los trabajadores y les daban de alta en la Seguridad Social por una jornada laboral de entre dos y cuatro horas diarias, cuando en realidad trabajaban entre doce y catorce horas al día. Cobraban el sueldo en efectivo por debajo a lo estipulado en el convenio de la hostelería, no les pagaban las horas extras ni las vacaciones ni tampoco el finiquito. Tenían restringidos sus derechos y permisos, bajo represalia de ser despedidos. Además, les sancionaban si rompían algún tipo de material y eran humillados y constantemente vigilados por cámaras. En febrero de 2015, la conselleria de Salud detectó deficiencias en los locales.