Un juzgado penal de Palma inició ayer un macrojuicio contra una red formada por 21 acusados, la mayoría comerciales de concesionarios de vehículos de la isla, que presuntamente se dedicó en 2010 a comprar coches de desguace, sin el consentimiento de los legítimos propietarios, para poderse beneficiar de las subvenciones del Plan Renove, la ayuda pública estatal de 500 euros que pretendía fomentar la venta de automóviles nuevos en España.

La trama, en la que también figuran imputados los responsables y trabajadores de una empresa que se encargaba de dar de baja los vehículos viejos y otra de desguace, así como los jefes de venta de varios concesionarios de Palma, Inca y Manacor, presuntamente realizó más de 40 operaciones a principios de 2010, hasta que la Guardia Civil de Tráfico descubrió su 'modus operandi'. Según la fiscalía, los sospechosos actuaban concertados. La empresa que daba de baja los coches y la que los reciclaba supuestamente se aprovechaban de la documentación e identidad de los dueños de estos automóviles para ofrecer, sin que ellos lo supieran, estos datos a particulares o a concesionarios para poder obtener la ayuda del Plan Renove. Así, antes de que los coches fueran dados de baja y sin el consentimiento de los propietarios, simulaban una compraventa, cambiaban de nombre el vehículo y de esta manera se beneficiaban de la subvención estatal de 500 euros. La fiscalía les acusa de falsear las firmas en los contratos de venta. El ministerio público pide sendas penas de tres años de prisión y multa para la mayoría de encausados por un delito de falsedad documental. En concepto de responsabilidad civil, reclama 21.000 euros de indemnización en favor del ministerio de Industria, que resultó perjudicado. Además, pide la clausura durante cinco años de la empresa de desguace y de la que daba de baja los coches viejos.

Ayer declararon 13 de los 21 acusados en la trama. El macrojuicio está previsto que dure toda la semana en Vía Alemania. El principal sospechoso admitió ante la sala que "todo" lo hacía él, mientras que el resto dijo que no sabía nada y que no infringía ninguna normativa. El principal acusado alegó que él era el único beneficiario y que el dinero que obtenía se lo gastaba "en fiestas".