El Tribunal Supremo ha confirmado las condenas impuestas a siete acusados de prostituir a menores a cambio de drogas, una de las cuales murió de sobredosis, en Palma. El fallo ratifica la sentencia de la Audiencia Provincial, que impuso un total de 59 años de prisión y absolvió a otros cuatro procesados por delitos de corrupción de menores, inducción a la prostitución, proxenetismo y contra la salud pública. Los miembros de la red, que actuó entre 2011 y 2012, comenzaron distribuyendo estupefacientes a cuatro menores y acabaron convenciéndolas para que mantuvieran relaciones sexuales a cambio de dinero o drogas con varios hombres.
El Supremo da plena validez como prueba de cargo a los mensajes de texto que los padres de la adolescente fallecida, Nora Ayala, que tenía 16 años, encontraron en su teléfono móvil tras su muerte por sobredosis en septiembre de 2011. Los SMS permitieron averiguar el número de teléfono de un traficante de droga con el que había mantenido relaciones a cambio de cocaína y cuyas comunicaciones fueron intervenidas. Este sospechoso, condenado a siete años, alegó que todas las pruebas obtenidas en su contra partían de esos mensajes que, según sostenía, los padres de Nora habían obtenidos de forma ilícita y vulnerando el derecho a la intimidad de la menor. El tribunal rechaza estos argumentos por partida doble. Por un lado, considera que los progenitores tenían derecho a acceder a sus comunicaciones privadas para defender sus derechos y emprender acciones legales. Por otro, considera que los pinchazos telefónicos fueron autorizados por el juzgado tras obtener otras pruebas independientes, como es la declaración de una amiga de la víctima, según la sentencia.
Varios de los condenados sostenían en sus recursos que habían sido condenados sin pruebas de su culpabilidad y vulnerando su derecho a la presunción de inocencia. En este sentido, el Supremo entiende que la sentencia dictada por la sección primera de la Audiencia de Palma está bien fundamentada y debidamente apoyada en las pruebas recabadas durante el juicio, por lo que rechaza todos los argumentos de los procesados.
El Supremo tampoco ha apoyado los recursos de dos de las víctimas contra la absolución de cuatro sospechosos. Una de ellas es mayor de edad pero padece una discapacidad psíquica, que según su argumento conocían los acusados. La Audiencia concluyó que su trastorno la hacía vulnerable e influenciable pero no le restaban aptitud para conocer la trascendencia y repercusión de las relaciones sexuales que mantenía, tesis que el Supremo ha validado ahora para confirmar las absoluciones.
Así, la principal acusada, Eva María V.G., cumplirá 15 años y medio de prisión por captar a las adolescentes y ponerlas en contacto con varios clientes para que mantuvieran relaciones sexuales con ellos a cambio de droga y dinero. El otro cabecilla de la red, Edizon C.F., ha sido condenado en firme a 17 años y medio de cárcel. Las penas para dos hombres con los que las adolescentes se prostituyeron son de siete y ocho años y medio de prisión, mientras que otros dos procesados que traficaban con droga y abastecían a la red de proxenetas han sido condenados a tres y cuatro años y medio respectivamente.
Los padres de Nora recibirán 50.000 euros como indemnización y las otras tres víctimas, entre 6.000 y 25.000 euros.
