La investigación policial del robo perpetrado en la sede del Grupo Matutes en la noche del 25 al 26 de octubre de 2013 tuvo deficiencias y procedimientos irregulares, según se desprende de un informe elaborado por la Unidad de Asuntos Internos (UAI) del Cuerpo Nacional de Policía que figura ya en la causa. El citado informe, fechado en febrero y firmado por el inspector jefe del Grupo IV de la UAI, indica que "en ninguna de las incautaciones de dinero se realizó una inspección ocular por parte de personal especializado de Policía Científica en el lugar de los hechos", considera anómalo haber reintegrado inmediatamente el dinero a la empresa asaltada en vez de ingresarlo "en la cuenta de depósitos y consignas judiciales establecida al efecto" y recalca que "hubiese sido aconsejable realizar alguna diligencia de investigación en relación a las cantidades tan dispares denunciadas por los representantes de la empresa Fiesta Hotels y Resorts S.L", que "en un primer momento denunciaron la desaparición de 187.810 euros, para posteriormente ampliar la cantidad a 987.810 euros y finalizar con la cifra de 2.767.000 euros". Pese a los defectos que apunta en las investigaciones, la UAI no aprecia "ningún tipo de infracción penal cometida por los funcionarios que han tenido participación" en las pesquisas.

La mayor parte del botín fue recuperado gracias a las declaraciones del autor confeso del robo, el policía Rafael Rodríguez, un antiguo escolta del exministro y presidente del Grupo Matutes, Abel Matutes Juan, que trabajaba además como vigilante en las oficinas del grupo empresarial. También está acusado de participar en el robo otro policía, José Joaquín Fernández, al que implicó inicialmente Rodríguez y al que los investigadores relacionaron después con el ocultamiento de una parte del dinero sustraído, la que fue hallada, enterrada, en una finca de Sant Llorenç. Pese al dinero localizado, la empresa asegura que faltan aún por recuperar 990.000 euros.

La desproporción entre la cantidad inicialmente denunciada y la verdaderamente sustraída en el robo es la que llevó a los agentes de Asuntos Internos a indicar que hubiera sido "aconsejable" practicar algún tipo de investigación sobre "cantidades tan dispares". Junto a este reproche y al de que se hubiera reintegrado el dinero de inmediato a la empresa, la UAI señala otras irregularidades cometidas por no haberse seguido los protocolos policiales habituales. Para empezar, la falta de inspección ocular «por parte de personal especializado de Policía Científica» en los lugares en los que se halló y se incautó el dinero.

Las dos cajas enterradas

En el primer caso reseñado, respecto a la intervención de las dos cajas con 140.000 y 655.000 euros que estaban enterradas en Sant Llorenç, llama la atención la forma en que los investigadores de la comisaría de Eivissa fueron a buscar el botín tras la declaración del autor confeso del robo. Al lugar se desplazaron, en la noche del 1 de noviembre, los jefes de Seguridad Ciudadana y Policía Judicial (en ese momento jefe accidental de la comisaría en ausencia del comisario) con otros cuatro agentes, y llamaron a José Joaquín Fernández (que no sabía que era sospechoso) porque Rafael Rodríguez le había implicado. La llamada a Fernández fue realizada con la excusa de que el policía, por vivir en la zona, podría ayudarles a hallar el lugar exacto en el que había enterrado el dinero.