La Audiencia de Palma inició ayer el juicio contra una red acusada de defraudar más de 500.000 euros a la Seguridad Social entre 1997 y 2006 mediante la creación de sucesivas empresas ficticias. El entramado supuestamente utilizaba a indigentes y otras personas sin recursos para que figuraran como titulares en las sociedades recién constituidas.
El principal sospechoso, un embaldosador de 49 años que se enfrenta a una petición de pena de seis años de cárcel por parte de la fiscal, admitió la mayoría de los hechos. El hombre indicó que era autónomo y tenía a su cargo a varios empleados. Según su versión, al acumular deudas y no poder pagar las cuotas de la Seguridad Social, anulaban la empresa y montaban otra a nombre de otra persona. "Yo soy culpable, soy el máximo responsable, pero no estaba solo. Mis asesores me decían cómo hacerlo", indicó. Los dos gestores imputados negaron los cargos. Rechazaron haber ideado este sistema y recalcaron que ellos solo tramitaban la documentación. Otros acusados reconocieron firmar "papeles en blanco".
