Un hombre de 49 años y su hijo de 23 fueron juzgados ayer en la Audiencia Provincial por un alijo de 300 gramos de cocaína con el que fueron detenidos a la salida de Son Banya. Ambos negaron durante la vista haberse dedicado al tráfico de drogas y mientras el joven explicó que no sabía nada de la droga, el padre afirmó que la cogió de una furgoneta del poblado pero que solo pretendía consumir, no distribuirla a otras personas. El fiscal reclama para ellos penas que suman diez años y medio de prisión.
Los hechos ocurrieron en la madrugada del 9 de octubre de 2013, cuando la Policía Nacional interceptó a los dos acusados cuando salían del poblado de Son Banya a bordo de un turismo. Los agentes observaron cómo, antes de detenerse, uno de los ocupantes del coche arrojaba al suelo dos bolsas. En ellas había un total de 298 gramos de cocaína, cuyo valor en el mercado negro ronda los 45.000 euros. Además, en el vehículo aparecieron 9.000 euros en metálico que, según la fiscalía, procedían de la venta de estupefacientes.
Los dos procesados, que cuentan con antecedentes por tráfico de drogas, negaron ayer durante el juicio celebrado en la sección segunda de la Audiencia Provincial que su intención fuera vender la cocaína. El padre afirmó ante el tribunal que acudió al poblado con intención de comprar una dosis de droga. Según su versión, era adicto y días después debía ingresar en una clínica para someterse a un tratamiento. Este acusado aseguró que cuando estaba en Son Banya vio cómo una mujer escondía algo en una furgoneta y fue a cogerlo. Así, se hizo con los dos paquetes que contenían la droga y los ocultó en su coche sin que su hijo lo supiera.
El joven, por su parte, ratificó que no sabía que su padre llevaba la droga en el coche y también negó dedicarse al narcotráfico. Sobre los 9.000 euros que aparecieron en el turismo alegó que su origen era lícito y que iban a ingresarlo en el banco.
Al concluir el juicio, la fiscalía solicitó cuatro años y medio de prisión para el padre y seis para el hijo, al entender que en su caso concurre la circunstancia atenuante de reincidencia. Además, el ministerio público reclama que abonen multas que suman más de 133.000 euros. El caso quedó visto para sentencia.
