Era una timba ilegal y clandestina, pero poco discreta. La Policía Nacional ha impedido la celebración de un torneo de póquer en una vivienda de Palma convocada a través de Facebook. Los agentes descubrieron el caso a raíz de los anuncios difundidos en la red social y el día indicado acudieron al domicilio y abortaron la partida. Fueron identificadas 33 personas, entre ellas el organizador y dos chicas que iban a actuar como crupiers. Los participantes se enfrentan a multas de más de 6.000 euros, mientras el convocante podría ser sancionado con más de 60.000.

La Unidad de Juego de la Policía Nacional descubrió a finales de septiembre una convocatoria en Facebook en la que un vecino de Palma anunciaba un torneo de póquer para el que carecía de autorización administrativa. El anuncio explicaba que cada jugador tenía que abonar 40 euros para el reparto de premios y otros cinco para el organizador, que garantizaba comida y bebida para los asistentes durante toda la jornada.

Varios internautas respondieron al anuncio y mostraron su intención de participar. El organizador solicitó ayuda para transportar una mesa en la que iba a celebrarse el torneo e incluso comentó que podrían contar con una camarera para servirles. Pese al carácter ilegal y clandestino de la convocatoria, el anuncio indiciaba el lugar y la fecha de la timba: el 5 de octubre en un domicilio de la barriada del Secar de la Real.

La Policía Nacional puso el caso en conocimiento de la dirección general de Comercio y Empresa, órgano que tiene las competencias en materia de juego en las islas. El día indicado, los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia en los alrededores de la vivienda. Así, comprobaron que poco antes del inicio de la partida el morador recibió una mesa de póquer y cómo empezaba a llegar gente al inmueble.

Los agentes acabaron abortando la partida e identificando a todos los presentes. En total, había en el domicilio 33 personas, entre ellas el morador y organizador del torneo y dos chicas que iban a ejercer de crupiers.

Según informaron la Policía Nacional y la conselleria de Economía, el organizador se enfrenta a una sanción económica que podría superar los 60.000 euros y cada participante podría ser multado con más de 6.000.