El peor incendio de la historia reciente de Mallorca, del que hoy se cumplen 25 años, fue una tragedia previsible. El bloque de apartamentos conocido como la Casa de Suecia, en el barrio palmesana de El Terreno, no tenía licencia y las autoridades lo sabían desde tiempo atrás. Un fuego en el restaurante situado en los bajos del edificio acabó con la vida de cinco personas. El caso, que extremó el celo de la conselleria de Turismo en la seguridad de este tipo de establecimientos, fue archivado pese a las irregularidades detectadas.
Cuentan las crónicas de la época que hacia las tres de la madrugada del 18 de marzo de 1988 se declaró un incendio en el restaurante Belmar, en el número 12 de la calle Bellver. En el interior se encontraba en ese momento un trabajador argentino que manipulaba productos inflamables a la luz de una vela, ya que el local estaba siendo reformado y no tenía suministro eléctrico. Las llamas se propagaron con rapidez y generaron una densa humareda que se extendió hacia los apartamentos situados justo encima.
Algunos moradores del edificio lograron descolgarse por la fachada anudando sábanas y otros fueron rescatados por los bomberos. Sin embargo, el humo atrapó en una de las viviendas de la tercera planta a un hombre y tres mujeres de 21, 45 y 49 años que murieron intoxicados. Dos de las víctimas eran suecas y las otras dos, finlandesas. En el interior del restaurante donde comenzó el incendio, que quedó destruido, los bomberos encontraron el cadáver carbonizado del trabajador argentino.
Que los apartamentos conocidos como la Casa de Suecia operaban de forma clandestina era un secreto a voces en aquel tiempo. El edificio carecía de permisos para su explotación y tampoco disponía de las medidas de seguridad esenciales. Unas deficiencias que la conselleria de Turismo conocía desde al menos el año 1986, cuando se dirigió a los propietarios para que regularizaran su situación. Aunque intentaron obtener la licencia varias veces, siempre les fue denegada por no presentar los certificados de Industria y Sanidad ni la cédula de habitabilidad.
Aquel siniestro motivó una gran campaña de la conselleria para controlar la seguridad de las plazas hoteleras de la isla, especialmente en las medidas antiincendios . Las inspecciones realizadas se saldaron con multas, millonarias en algunos casos, a los establecimientos que incumplían los requisitos.
En el plano judicial, el caso tuvo un recorrido más bien corto. El juzgado de instrucción que asumió la investigación acabó archivando la causa en noviembre de 1990, después de que la fiscalía -en una decisión que generó una importante polémica- y las siete partes que se personaron no formularan acusaciones contra nadie. Las familias de las víctimas renunciaron a sus indemnizaciones tras recibir una compensación por parte de las compañías de seguros.
