Los policías que declararon ayer en el juicio contra la mafia de la prisión de Palma, que supuestamente operaba entre 2002 y 2008, recalcaron que uno de los cabecillas se lucraba traficando con drogas y objetos prohibidos dentro de la cárcel. Según su versión, Antonio C.O. trabajaba con un interno de confianza que era el que distribuía los efectos en el centro penitenciario. "Por medio litro de whisky y una postura de hachís cobraba 60 euros", recordó un agente. En cambio, a otro recluso, que está imputado, le facilitó un teléfono móvil por 500 euros. El policía relató que el líder de la trama introducía él mismo los objetos o las drogas por el control de accesos de la prisión al estar compinchado con otro funcionario.