La Audiencia Provincial ha condenado a seis años de prisión a un agente de la Guardia Civil, al considerar que formaba parte de una banda que se dedicaba a introducir grandes partidas de cocaína en Menorca. A los otros cinco miembros de la organización se les imponen penas de entre tres y cinco años, mientras que un segundo guardia, que fue también juzgado, ha quedado absuelto. Esta nueva sentencia anula una anterior, que absolvía a todos los acusados al considerar nulas las intervenciones telefónicas, después de que el Tribunal Supremo ordenara que se dictara una nueva sentencia valorando estas escuchas.

Los hechos juzgados se refieren a la intervención de un coche que transportaba medio kilo de cocaína en el puerto de Maó en 2008. La partida pertenecía a una banda, integrada por dos colombianos y tres españoles, que se dedicaba a introducir importantes cantidades de droga en Menorca. Además contaban con la colaboración de un guardia civil destinado en Maó, que "prevaliéndose de su cargo realizaba gestiones para que los vehículos pudieran pasar sin problemas los controles efectuados en el puerto", según recoge la sentencia. "Todo ello a cambio de dinero y cocaína, ya que el agente era adicto".

Para ello, el guardia se dedicaba a despistar a los otros agentes destinados en la zona portuaria con falsas sospechas e informaciones, y daba instrucciones al único guía canino de servicio en la zona para que se centrara en inspeccionar a otros sospechosos.

Toda la banda fue absuelta en una primera sentencia, después de que el tribunal consierara nulas las escuchas telefónicas de que fueron objeto, al considerarlas injustificadas y desproporcionadas. La sala dio la razón a los abogados defensores por la supuesta utilización indebida de un teléfono móvil a raíz de una investigación ya abierta por otro caso.

Sin embargo, el Tribunal Supremo admitió el recurso de casación interpuesto por la fiscalía, anuló la sentencia absolutoria y ordenó a la Audiencia que dictara una nueva sentencia valorando el contenido de las conversaciones telefónicas intervenidas por los investigadores.

Con estas pruebas, el tribunal considera a seis de los acusados, incluido el guardia civil, responsables de un delito contra la salud pública. Al guardia le aprecia como agravante el haberse prevalido de su condición, por lo que le impone una condena de seis años de prisión. Los dos colombianos son condenados a cinco años de cárcel cada uno, mientras que para los otros tres miembros de la banda las penas son de tres y cuatro años de cárcel.

Entre los acusados había otro guardia civil, que ha quedado absuelto al considerar el tribunal que no queda acreditado su participación en el delito.