­Un presunto narcotraficante que trataba de introducir 1,3 toneladas de hachís en Mallorca a bordo de una planeadora fue condenado ayer en la Audiencia Provincial de Palma a tres años de cárcel. La pena fue dictada tras alcanzar un acuerdo de conformidad con el fiscal. Su compinche fue juzgado en rebeldía, al no comparecer en el juicio.

Los hechos por los que fueron juzgados ayer los procesados, aunque solo uno estaba presente, ocurrieron sobre las 17.45 horas del 20 de junio de 2008.

Los dos ocupantes de una lancha planeadora de unos ocho metros de eslora fueron sorprendidos por la Guardia Civil cuando la falta de gasolina les hizo detenerse en Cabrera.

En dicha embarcación, los dos presuntos narcotraficantes llevaban ocultos 46 fardos de arpillera. Estos contenían, empaquetados en tabletas, 1.349 kilos de hachís. La droga estaba valorada en casi dos millones de euros -1.935.124, 64 euros- y la pureza de la sustancia estupefaciente, después de los preceptivos análisis, se determinó que era de un 8,44% de riqueza.

De acuerdo con el escrito de acusación del fiscal, los dos acusados habían cargado la mercancía en alta mar un par de días antes. Concretamente, el pase de la droga se produjo en aguas territoriales de Marruecos. El hachís lo recogieron de una lancha semirrígida y pretendían introducirlo en Mallorca. Las 1,3 toneladas de cannabis planeaban distribuirlas en su totalidad en la isla.

Sin gasolina

Los fardos solo los pudieron trasladar en la planeadora hasta las inmediaciones del faro de Llebeig en Cabrera. Al quedarse sin gasolina, tuvieron que amarrar la embarcación a una roca. La Guardia Civil no tardó en sorprenderlos con toda la droga en el interior de la lancha.

El fiscal solicitaba inicialmente para los dos procesados una pena de seis años y seis meses por un presunto delito contra la salud pública. El acusado que compareció ayer logró que el ministerio público rebajara su petición de pena a la mitad. En cambio, mantuvo la solicitud inicial para el encausado ausente.

La pena también establecía una multa de seis millones de euros. Aunque esta abultada sanción económica era conmutable por otros cinco meses adicionales de prisión.