El sindicato CSI-F se personará como acusación particular en el proceso relacionado con la agresión cometida ayer por una imputada en el juzgado de guardia de Palma contra la magistrada que le estaba tomando declaración, a quien lanzó el asiento de una silla tras exigirle que le ayudara a regresar a su país, Brasil, después de que el pasado lunes fuese detenida por romper los retrovisores de varios vehículos.

En un comunicado difundido hoy, la entidad sindical lamentó que éste "no es ni mucho menos" un hecho aislado sino que los funcionarios de justicia denuncian continuamente agresiones por parte de los encausados y sus familiares, que "desde hace tiempo les amenazan, insultan y agraden tanto física como verbalmente, viéndose impotentes, desamparados y sin ningún tipo de medios para evitar estos sucesos".

Tal y como manifestó el CSI-F, el personal que trabaja en las dependencias judiciales "está para ganarse un sueldo y no para jugarse el físico", por lo que reclamó como medida disuasoria que se contrate a más vigilantes de seguridad y se tomen las medidas oportunas a fin de frenar este tipo de agresiones.

El sindicato ha constatado el "paulatino" aumento en la cantidad de agresiones físicas y en la gravedad de las mismas, ya que se ha pasado de los insultos y las amenazas a las agresiones físicas, unas situaciones que, a juicio de la entidad, son "el reflejo de lo que es la Justicia en nuestra Comunidad Autónoma y el nulo interés por parte del Ministerio de Justicia en solucionar los graves y deficientes problemas que tiene este servicio público".

Cabe recordar que en los hechos producidos ayer, la magistrada logró esquivar el golpe del asiento mientras que, al no haber alcanzado su objetivo, la detenida agarró la pantalla del ordenador y también la arrojó, alcanzado esta vez a la funcionaria que se encontraba en la sala de vistas y ocasionándole lesiones leves.