Un lastre material y administrativo

Todo son perjuicios excepto para un armador y arrendatario que han demostrado sentirse cómodos en el descaro y no han tenido reparo en navegar sobre la irregularidad administrativa de la que, se supone, han sacado buenos réditos económicos. Hay que decir sin embargo que ha sido así porque la tolerancia lo ha permitido. En estas condiciones, la multa impuesta en 2022 no pasa de ser un gasto más, insuficiente para frenar unos chárteres turísticos fuera de ordenación poniendo en riesgo la seguridad de los pasajeros y dejándolos a la deriva del desamparo legal. Contemplado con la perspectiva del varado actual, hay una cierta complicidad de la Administración en el despropósito consumado.

Si la autoridad competente hubiera frenado en su día la continuidad de los chárteres a la deriva de la norma establecida, hoy el catamarán abandonado en Port de Sóller no sería la viva imagen de esta inacción ni dañaría el paisaje del lugar. Tampoco el Ayuntamiento hubiera sido engañado con un falso justificante de avance de gastos para deshacerse de la chatarra marina. Son las mismas arcas municipales a las que ahora no les queda más remedio que afrontar el coste de la desaparición del catamarán. De no hacerlo, todavía se dirá que el Ayuntamiento nada en el descuido y no tiene interés en velar por la buena imagen turística del Port.

Todo sea en beneficio de los turistas, esos mismos visitantes que debían embarcar a las bravas desde la playa porque el catamarán no tenía puerto base. Otra ilegalidad. La verdad es que propiedad y explotadores de la embarcación han hecho lo que han querido y cómo han deseado tanto en tiempos de buena navegación como de abandono.

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