La temporada turística se despereza en Calvià con grandes expectativas, después de dos veranos consecutivos muy complicados a nivel económico por la pandemia. Y empiezan a asomar algunas de las tensiones habituales en el sector del ocio nocturno, que habían quedado soterradas en los dos últimos años, básicamente por la falta de actividad y las restricciones a las que obligaba la normativa anticovid. El mes pasado, la administración cerró la actividad musical de ocho locales en el municipio por incumplimientos de la normativa, una infracción recurrente en los veranos calvianers.
De las ocho actas levantadas por la Policía Local, según informaron fuentes municipales, cinco se debieron al hecho de que los establecimientos carecían de la correspondiente licencia para la actividad musical. Las otras tres se interpusieron por no contar con el precinto del limitador, o bien por manipulación de este sistema de control de los decibelios de la música. Estas infracciones han implicado el cierre de la música, en cumplimiento de lo que marca la normativa. Estas actuaciones ya han provocado las primeras quejas empresariales.
Cambio en la ordenanza
Precisamente, este año, el Ayuntamiento ha modificado la ordenanza municipal de Protección del Medio Ambiente contra la contaminación por ruidos y vibraciones, para simplificar el procedimiento a los establecimientos con actividad musical. De esta forma, el local que cuenta con licencia para ejercer la actividad musical únicamente debe presentar una declaración responsable que certifique la correcta instalación del limitador, firmada por un ingeniero o técnico instalador. Antes, el proceso era más largo. El explotador del local hacía una solicitud, se revisaba la documentación, la Policía (y a veces también un ingeniero de actividades) visitaba el local para comprobar que todo se ajustaba a la norma y se ponían los precintos.
Primeras quejas
En todo caso, el nuevo sistema y las primeras sanciones interpuestas han sido cuestionadas ya por algún conocido empresario de la noche de Magaluf. Es el caso de Alejandro Jara, quien ha sido uno de los que se ha visto obligado a prescindir de la oferta musical.
En declaraciones a este diario, Jara cuestionó la forma en que se le interpuso la sanción, tras la visita de unos policías de paisano y sin que un técnico acreditado en la materia corroborase la irregularidad.
Jara criticó que la normativa municipal no le dé la posibilidad de poder presentar un recurso para lograr suspender de forma cautelar la medida sancionadora, que, dice, le ocasiona un serio perjuicio a él y a las decenas de trabajadores que contrata.
Dentro de su argumentación, lamentó asimismo que, después de dos temporadas turísticas con un nivel ínfimo de actividad por las restricciones a las que obligaba la pandemia, el Ayuntamiento no tenga en cuenta las necesidades de los empresarios del ocio.
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