Hace tiempo que los litigios por urbanizaciones desclasificadas o con licencia controvertida se han convertido en una constante en Mallorca. Los pleitos seguirán en este sentido porque todavía pesan muchos intereses sobre la materia. Por lo general, los promotores buscan en la indemnización el negocio, si es posible mayor, que no han logrado con la construcción abortada y las instituciones, por su parte, persiguen sortear el alto dispendio que pudiera ocasionarles sus veleidades urbanísticas.
Si hay un lugar que destaca como triste emblema de esta situación es el de Torre Marina, en Ses Covetes. Los armazones de hormigón de las 68 viviendas iniciadas ya no existen, pero sobre la silueta de Es Trenc todavía permanece el fantasma de la voracidad constructora que flagela a esta isla. También el símbolo de la lucha ecologista y de la lucha política. Tres décadas de pleitos y la historia continúa porque todavía le queda un aliento en el Supremo.
La última actualización del juego de intereses indica que el Tribunal Superior de Balears niega la indemnización a la que aspiraban los administradores concursales para poder hacer frente a los gastos de la empresa fallida y de propiedad cambiada. Hasta en el cambio de titularidad de la promotora se observa intención de negocio indemnizado. No se ha entrado en el fondo de la cuestión, el derecho a compensación, porque la demanda fue presentada fuera de plazo.
Aún con su papel victimista y actitud pro chiringuitos, el gran beneficiado, de momento, sigue siendo el ayuntamiento de Campos pese a ser el causante del despropósito. Siempre ha defendido la legalidad de una licencia amparada en el Plan General de 1974 pero despreocupada de las exigencias de la ley de Costas.
