Hace un año, por estas fechas, Margalida se despertó sobre las ocho y media en su casa, a las afueras de Banyalbufar. Siguió su rutina de cada mañana. Como siempre hacía, subió por unas escaleras a la parte de arriba de la casa a ver cómo estaba el día y cómo estaba el mar. Y el mar no estaba como de costumbre: «Vi unas nubes muy espesas, grises... Nunca había visto algo así. En dos, tres minutos, se vino directamente hacia nuestra casa».
Lo que «se vino» fue un cap de fibló, que acabó arrasando más de 700 hectáreas de la Serra (sobre todo en los municipios de Banyalbufar, Esporles y Valldemossa) y arrancando cerca de 300.000 árboles. Un año después, los vecinos que lo vivieron en primera persona rememoran aquel episodio como uno de los momentos más impactantes de sus vidas. «Aún se me ponen los pelos de punta al contarlo», dice Margalida, quien recuerda cómo junto a su familia buscaron refugio en la parte menos expuesta de su casa. «Cuando llegó, salieron volando todas las ‘teules’, el ruido era brutal. La ‘volada’ fue totalmente impresionante», detalla.
Si los aniversarios sirven para hacer balance, el del primer año después de aquel cap de fibló es agridulce. Pese a las reclamaciones de los ayuntamientos afectados y de las administraciones insular y autonómica, no se sabe nada de la declaración de zona catastrófica, que permitiría recibir ayudas por parte de Madrid, si bien el Govern y el Consell han actuado para paliar los efectos de aquel fenómeno meteorológico extremo.
«Aún estamos esperando que venga alguien del ministerio de Medio Ambiente. Pero el ministerio mira hacia otro lado», se queja con amargura Mateu Ferrà, alcalde de Banyalbufar, donde el cap de fibló se cebó de forma especial el pasado 29 de agosto.
Ferrà manifiesta que las secuelas son bien visibles en la zona. «Hay miles de árboles caídos aún. Y eso es un problema real», declara el representante político municipal, quien advierte del peligro de incendio que supone la acumulación sin control de masa forestal.
El alcalde concede que «las administraciones supramunicipales han hecho lo que han podido con sus medios», en alusión al Govern y al Consell, si bien remarca que, con la declaración de zona catastrófica, los afectados podrían recibir muchas más ayudas para reparar los daños que dejó el tornado. En el caso de Margalida, al igual que en el de muchos de sus vecinos, esos daños fueron cuantiosos. «Los arreglos costaron bastante, en torno a los 9.000 euros», dice.
Ella ha sido una de las beneficiarias de las convocatorias de ayudas a particulares y empresas por parte del Consell. En total, se han destinado unos 76.000 euros a una veintena de vecinos de los municipios afectados, según explica a este diario la consellera insular de Territorio, Maria Antònia Garcías, quien agrega que se subvencionaba cada proyecto presentado con un máximo de 5.000 euros.
Empresa agropecuaria
La reparación de techos y la recogida de árboles caídos figuran entre las principales actuaciones subvencionadas. Dentro de esta misma convocatoria, se han otorgado también ayudas para una empresa agropecuaria cuyas instalaciones se vieron dañadas.
De forma paralela, la institución insular abrió una línea de ayudas dirigida a los municipios afectados por el temporal, incluida en las subvenciones especiales del Consorcio Serra de Tramuntana. Así, el ayuntamiento de Banyalbufar ha recibido 100.000 euros para afrontar reparaciones pendientes, sobre todo en techos y alumbrado.
A lo largo del último año, además, la conselleria de Medio Ambiente del Govern ha emprendido tareas de restauración ambiental de la zona arrasada por el fenómeno meteorológico. Así, en una primera fase, desarrollado el año pasado, se actuó en la recuperación de 30 hectáreas forestales. Para 2021, la Conselleria trabaja en la restauración de 80 hectáreas, con un presupuesto de casi 850.000 euros. El objetivo es reducir el combustible vegetal y recuperar el paisaje forestal arrasado.
