Es difícil encontrar a algún vecino o vecina de Can Picafort que no se haya tirado alguna vez en su vida en la piscina del Mar y Paz. Muchos han aprendido a nadar allí y, ya de mayores, han dejado más de una resaca en el agua helada que se extrae directamente del mar que tiene justo delante. Pero esta relación de amor entre los picaforters y la piscina del Mar y Paz parece tener los días contados. El ayuntamiento de Santa Margalida ha decidido recuperar el proyecto anunciado en 2019 de construir una plaza pública con anfiteatro y fuentes luminosas en el espacio que ahora ocupan la piscina y el chiringuito anexo, cuya concesión ha caducado.
El problema es que la ejecución de este proyecto implica la desaparición de la popular piscina del Mar y Paz, todo un golpe emocional para los vecinos del núcleo costero del norte de la isla, que de momento se han desahogado en las redes sociales con cientos de comentarios contra la decisión municipal y han estampado más de 600 firmas en una campaña virtual para reivindicar el mantenimiento de la instalación. Pero todo apunta a que la bola de nieve de la crispación irá aumentando tanto a nivel social como político a medida que se vayan superando los trámites iniciados por el alcalde Joan Monjo (Convergència) y el final de la piscina se vea cada vez más cercano.
El equipo de gobierno entre Convergència y PP tiene la legalidad de su parte. La piscina está ubicada en la zona de dominio público y está fuera de ordenación desde el pasado año 1995, según subraya el alcalde Monjo, que ha conseguido de la demarcación de Costas la concesión del espacio para los próximos 15 años y está decidido a llevar a cabo el proyecto de creación de un nuevo parque público que, según la propaganda municipal, será el mejor balcón con vistas al mar de Can Picafort. El presupuesto rondará los 500.000 euros.
El proyecto empezó a engendrarse a principios de 2019, creando un considerable revuelo popular, aunque se metió en un cajón con motivo de las elecciones municipales que volvieron a situar en el poder a la Convergència de Monjo y al PP. Ahora, en el ecuador de la legislatura, el Consistorio ha retomado las gestiones con la intención de acelerar el plan. Fue en el último pleno ordinario cuando el alcalde Monjo presentó por vía de urgencia la propuesta de ratificar un decreto mediante el que se aceptan las condiciones de Costas para obtener la concesión del espacio.
El pleno evidenció la polarización municipal en relación al proyecto, defendido únicamente por el gobierno local. Los tres partidos de la oposición se oponen totalmente a las pretensiones de Monjo, que ha dejado claro que solo hay dos opciones, y ninguna de las dos mantiene la popular piscina: o se restituye el espacio a su estado original o se ejecuta el proyecto municipal.
PSOE, Independents y Can Picafort Unit (CPU) son conscientes de que será muy difícil salvar la piscina por su situación ilegal, y coinciden en que la mejor solución sería eliminar la instalación y el chiringuito asociado para devolver al espacio su aspecto primitivo. Xisco Bergas, portavoz socialista, cree que el Ayuntamiento «debería pedir la opinión de los vecinos» al ser un espacio emblemático y añade que el hecho de que Costas no autorice la piscina «no significa que tenga que sustituirse por una plaza de hormigón, un proyecto faraónico que costará un dineral». Joan Llabrés, de CPU, afirma que su grupo siempre ha defendido el mantenimiento de la piscina, pero en caso de no poder salvarla aboga por «dejar que el mar recupere el espacio» porque «se trata de quitar cemento y no acumular más».
Las mayorías políticas en el Ayuntamiento suelen decidirse en Can Picafort. La oposición confía en que la piscina sea un factor de desgaste del gobierno local, en el que observan las primeras fisuras entre los socios, teniendo en cuenta que el PP, que suele agachar la cabeza ante el omnipresente Joan Monjo, también pretende consolidar su caladero de votos en la localidad costera.
