El Tribunal Superior de Justicia de Balears ha admitido un recurso del ayuntamiento de Inca por el que deberá pagar 252.863 euros por no haber podido cumplir el convenio de expropiación de una parte de la parcela hospitalaria a la entidad Calantem SL. Cuando se obtuvo la parcela, una parte fue por donación del fallecido Vicenç Batle y otra por expropiación de algunas fincas anejas. Entre ellas se encontraban tres de la mencionada entidad. En un convenio suscrito entonces se decidió el pago de una cantidad en metálico (en 2001) de 34.412.175 de pesetas. Pero se estableció además un pago en especie traducido en dos fincas urbanizables en el futuro polígono de la ciudad y en la zona de servicios que debería construirse entre el Hospital y el casco urbano.

Transcurrido el período establecido en el convenio no fue posible la transacción porque no se había construido ni el polígono ni la zona de servicios prevista; terrenos que aún a día de hoy no han sido urbanizados. Por ello, la propiedad privada reclamó el pago de la valoración de los terrenos que debían haber sido cedidos en virtud del convenio suscrito.

El ayuntamiento de Inca hizo una valoración pero la propiedad privada entendía que el valor de dichos terrenos era de 998.678 euros. Al no existir acuerdo, el asunto fue dilucidado por los juzgados en una primera sentencia de 2018 donde los jueces dieron la razón a los propietarios privados. No obstante, el Ayuntamiento recurrió y ahora, el TSJB entiende que el juez hizo una interpretación errónea de una parte del convenio por lo que acepta la tesis del Ayuntamiento. Calantem SL anunció ayer que recurrirá ante el Tribunal Supremo.