30 de enero de 2019
30.01.2019
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Riada mortal

Sant Llorenç prohíbe construir en la zona 0 de las inundaciones en el Llevant

El Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros prevé que Madrid pague el 50%, es decir algo más de 20 millones

30.01.2019 | 18:26

La Delegación del Gobierno en Balears ya ha dado a conocer el resumen de las valoraciones económicas de cada una de las infraestructuras, equipamientos e instalaciones dañadas por las pasadas inundaciones en Mallorca, pormenorizando los costes exactos destinados a cada lugar de cada uno de los municipios afectados. En total el Gobierno estatal cifra los daños en 40,3 millones de euros, de los que pagará la mitad a partir del Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes.

Así, de los algo más de 20 millones de euros que pagará el Ejecutivo español, la mayor parte de ellos se centrarán obviamente en el municipio de Sant Llorenç, con 13,6 millones, donde se rehabilitarán calles del núcleo y de las poblaciones de Son Carrió y s'Illot, también afectadas por la torrentada del 9 de octubre.

Para Artà se reservan casi 1,4 millones, repartidos en la adecuación de los numerosos caminos rurales afectados por la riada, sobre todo de la Colònia de Sant Pere y la zona de Betlem, donde se registraron las mayores pérdidas. Por su parte, Manacor recibirá también 1,3 millones de euros para arreglar desperfectos en la desembocadura del torrente de s'Illot (que sirve de frontera con el municipio llorencí), el puente del Riuet de Porto Cristo y seis caminos rurales de competencia municipal. Para Capdepera Madrid reserva un total de 900.724 euros para caminos. 322.465 euros para Son Servera.

Además de 33.380,27 euros para Pollença, 200.640,22 euros para Alcúdia y 7.784,39 para sa Pobla, municipios estos últimos afectados por el temporal posterior de día 19 de octubre, que provocó pérdidas en infraestructuras de la zona norte de la isla.

Suspensión de licencias


Por otra parte, el ayuntamiento de Sant Llorenç ha aprobado la suspensión cautelar de licencias urbanísticas en zonas afectadas por el torrente, como consecuencia de la catástrofe natural producida por la gran inundación ocurrida el pasado 9 de octubre. El consistorio considera "absolutamente pertinente" adoptar medidas urbanísticas en los ámbitos afectados para garantizar la seguridad de las personas y los bienes, dado que se ha programado un cambio de las normas subsidiarias del municipio que, hasta que estén terminadas, obliga a esta suspensión.

Una medida que no autorizará pues ningún proyecto urbanístico nuevo en este período de tiempo, con el objetivo de evitar posibles edificaciones, que una vez modificadas estas normas, quedaran fuera de ordenación.
Con esta idea el ayuntamiento de Sant Llorenç ha encargado a arquitectos, ingenieros y geógrafos, diversos estudios e informes que ayuden a la redacción de las nuevas normas urbanísticas, "con el objetivo de diseñar una modificación del planeamiento urbanístico que garantice que fenómenos naturales como el ocurrido día 9 de octubre de 2018 tengan la menor incidencia posible dentro de los núcleos urbanos, tanto para las personas como para los inmuebles donde se vive o donde se realizan actividades".

Un arquitecto será el encargado de la redacción de la documentación necesaria para adoptar un acuerdo de suspensión de licencias y actos urbanísticos. Esta suspensión cautelar delimita dos zonas en los diferentes núcleos del término municipal de Sant Llorenç.

En la marcada como zona A (más cercana al cauce), no se autorizará ningún tipo de actuación de restitución o de nuevos cierres de parcela opacos. Sólo serán autorizables, siempre que el cierre cumpla las distancias de protección de la normativa hidráulica, obras de consolidación o nuevos cierres permeables tipo rejilla metálica o bien que quede acreditado por un técnico competentes, que no supondrá impedimento para la libre discurrir de las aguas. Tampoco se autorizará ningún tipo de intervención que modifique los usos y aprovechamientos autorizados y consolidados a las edificaciones preexistentes.

Por su parte en la zona B no se autorizará ningún tipo de intervención que modifique los usos y aprovechamientos autorizados y consolidados en las edificaciones preexistentes. Esta medida fue aprobada por unanimidad en el pleno celebrado este pasado día 24 de enero de 2019.

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