La nueva regulación del núcleo rural de Son Font, en Calvià vila, salió ayer adelante en el pleno gracias a los votos de PSOE, Esquerra Oberta y la regidora no adscrita, frente a las objeciones de PP y Ciudadanos, que la consideraron demasiado restrictiva y que recordaron que se trata de una cuestión sobre la que se están pronunciando los tribunales.
Esta modificación del plan general de ordenación urbana de Calvià regula aspectos como las fosas sépticas y las condiciones de integración paisajística. Fija una altura máxima de una planta, y 4,5 metros de altura total. Además, prohíbe la construcción de nuevas piscinas. Se da la circunstancia de que, en la pasada legislatura, ya se hizo una modificación puntual sobre Son Font.
Con el cambio de gobierno, se suspendió, una medida que recurrieron propietarios de este núcleo rural, a quienes les dio la razón recientemente una sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Palma. La resolución judicial concluía que la decisión del Consistorio, adoptada en 2015, no estaba lo suficientemente justificada.
Esta situación ha despertado muchas dudas entre partidos de la oposición. El regidor de Cs, Carlos Tarancón, se mostró partidario de dejar congelada la nueva regulación hasta que se resuelva el proceso judicial sobre la anterior.
En caso contrario, avisó, el Ayuntamiento podría tener que hacer frente en un futuro al pago de indemnizaciones si la justicia no le da la razón.
La concejal del PP Raquel Sánchez consideró que la nueva reordenación diseñada en esta legislatura por el Ayuntamiento “va en contra de los vecinos que tienen un derecho de propiedad”.
“Están dejando a esta gente con sus parcelas inedificables”, sostuvo. Del lado de la izquierda, Esquerra Oberta apoyó el cambio normativo. Su portavoz, Alfonso Rodríguez Sánchez, aseguró que responde al “interés general” desde el momento en que ayudará a “preservar el territorio”. Recordó que la sentencia “no es firme”. Por su parte, el alcalde Alfonso Rodríguez Badal (PSOE) argumentó que los servicios jurídicos entienden que esa sentencia desfavorable en primera instancia es recurrible, y consideró que no supone un obstáculo para avanzar en la tramitación de la modificación. De hecho, al principio del debate, el secretario municipal informó de que, pese a que la parte recurrente había solicitado medidas cautelares, el juzgado aún no se había pronunciado y no había obstáculo para que se debatiese este punto en el pleno.
Policía Local
Por otra parte, el PP no logró los apoyos necesarios en el pleno de ayer por la tarde para sacar adelante una moción por la cual solicitaba que las dependencias del centro de educación de adultos (CEPA) de Magaluf acojan en el futuro una oficina de la Policía Local con el objetivo de reforzar la seguridad y la vigilancia de la zona.
El portavoz municipal y teniente de alcalde de Seguridad, Andreu Serra (PSOE), manifestó que ya existe una “presencia policial activa y continuada” en las calles de la localidad turística al tiempo que priorizó dotar de “más recursos” a la Policía Local en su trabajo a pie de calle.
