En 2013 el Gobierno intervino en la práctica a la Administración Local española con la llamada Ley Montoro que desde entonces ha impuesto fuertes restricciones a la capacidad de endeudamiento de los ayuntamientos. Con ello, apenas se ha podido cubrir el mantenimiento de las instalaciones y servicios municipales. Las casas consistoriales, y con ellas los vecinos, han pagado en buena parte los efectos de la crisis económica por lo que afecta a las arcas públicas, que no ha sido poco.
Cansados de vivir con el agua al cuello, los alcaldes usan ahora la Federación de Municipios para llamar a los grupos parlamentarios y hacer prosperar una enmienda que les libere de la argolla Montoro. Tienen esperanzas de lograrlo. De hacerlo, será la recuperación de la autonomía pero también de la responsabilidad municipal. El ministerio de Hacienda no puede seguir tratando a los ayuntamientos como niños pequeños o parientes pobres de la Administración, pero no es menos cierto que las restricciones vividas en los últimos años deben ayudar a discernir entre lo sustancial y lo superfluo y decantarse por la puesto a punto de lo urgente y la dotación de medios solo necesarios.
