La Comisión de Garantías Democráticas de Podemos Balears ha ordenado la expulsión del partido de Ainhoa Barajas Nájera, hija de la ex alcaldesa socialista de Calvià y una persona que ha estado muy vinculada a los orígenes de Sí Se Puede, que ahora cogobierna en este municipio, si bien después se distanció de este partido para acabar constituyendo el círculo de Ponent. La decisión aún es recurrible.
La resolución de este órgano resuelve así el expediente iniciado a raíz de una solicitud efectuada por el Consejo de Coordinación Autonómico de Illes Balears, después de la difusión de informaciones que vinculaban a Barajas Nájera con los conocidos como Papeles de Panamá, por su supuesta participación en una sociedad radicada en un paraíso fiscal.
La instructora del expediente tramitado en la Comisión de Garantías Democráticas concluyó que "queda demostrada la participación de Ainhoa Barajas Nájera en una sociedad 'offshore', como miembro activo, en el año 2015, concretamente en la empresa Bana Development". Añade que "dicha participación resulta diametralmente contraria a los postulados de Podemos, como partido político, y vulnera tanto el código ético, como los Estatutos del mismo". La instructora desestimó las alegaciones presentadas por Barajas Nájera, ya que éstas, según afirmó, "sólo hacen referencia cuestiones procesales y genéricas, sin referirse en ningún momento al fondo del asunto". En sus alegaciones, Barajas Nájera había negado las informaciones aparecidas en prensa sobre su vinculación con los Papeles de Panamá. Atribuyó estas noticias a "rumores malintencionados y tendenciosos para erosionarle" a ella y a la organización.
A la hora de defenderse, aseguró también ser víctima de un ataque por sus vínculos familiares. En este sentido, señaló que "al parecer se estaría proponiendo la sanción por el solo hecho de estar emparentada familiarmente con una personalidad política", en referencia a su condición de hija de la ex alcaldesa Margarita Nájera.
La Comisión de Garantías Democráticas, sin embargo, retoma los argumentos de la instructora del expediente y rechaza las alegaciones. "Resulta probado su condición de cargo ejecutivo de una sociedad creada en un paraíso fiscal, Islas Vírgenes Británicas, [...] lo que supone un incumplimiento de nuestro código ético", puede leerse en una resolución fechada ayer.
Este organismo interno concluye asegurando que estas conductas son "reprochables" y "muy graves" al atentar contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en lo referente a la "participación y/o posesión de instrumentos destinados al fraude y la corrupción". La resolución no es firme y se puede recurrir ante el pleno de la Comisión de Garantías Democráticas estatal.
