El jurado popular exculpó ayer por unanimidad a la funcionaria del Ayuntamiento de Artà acusada de apropiarse durante años de entre 32.000 y 65.000 euros de las multas por infracciones urbanísticas que cobraba. Los miembros del tribunal rechazaron las tesis de la fiscalía y de la abogada del consistorio, que reclamaban seis y cuatro años y medio de prisión respectivamente para la procesada por un delito de malversación. En el veredicto recogieron el "descontrol" que a su juicio reinaba en el sistema de cobros de sanciones del Ayuntamiento. El magistrado presidente dictará tras esta decisión una sentencia absolutoria.
La funcionaria, representada por el letrado Jaime Campaner, se echó a llorar al conocer el dictamen del tribunal popular y al concluir la vista se abrazó muy emocionada a la decena de allegados que acudieron a la Audiencia para conocer el veredicto.
El jurado apenas necesitó seis horas para resolver el caso y responder al objeto del veredicto, las preguntas que el juez les planteó para dictaminar la inocencia o culpabilidad de la funcionaria. La portavoz del tribunal popular anunció que todos sus miembros habían considerado no probado que la procesada se quedara las cantidades reclamadas, 65.000 euros según la fiscalía, 32.000 según la letrada del Ayuntamiento.
Para ello se basaron en las conclusiones de dos peritos, uno designado por el juzgado y otro contratado por la defensa. Estos expertos señalaron durante el juicio que detectaron la existencia de recibos de multas sin pagar anteriores al año 2000, cuando la procesada empezó a trabajar en el Ayuntamiento de Artà, e incluso señalaron que no podían afirmar que faltara cantidad alguna en las arcas municipales.
Los miembros del jurado señalaron también que existía "descontrol" en el sistema de cobro de las sanciones por irregularidades urbanísticas. También citaron el hallazgo en un archivador de tres sobres con dinero, correspondientes a otros tantos expedientes en los que se había fraccionado el pago, para considerar que el sistema habitual era esperar a reunir todo el montante de las multas para ingresarlo después en la cuenta bancaria del Ayuntamiento.
Por estos motivos, la portavoz del jurado aseveró: "No podemos asegurar la culpabilidad de la acusada". Así, el magistrado presidente del tribunal anunció una sentencia absolutoria, que no cierra la puerta a una reclamación por la vía administrativa.
