Nuevo revés judicial para el Ayuntamiento por denegar una licencia a Muleta II

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Palma ha dictado una sentencia favorable a la propiedad de la urbanización de Muleta II porque el ayuntamiento de Sóller le denegó por silencio administrativo una licencia de obra con la que quería llevar a cabo trabajos para la adecuación de servicios existentes en la citada urbanización. La sentencia reconoce que el ayuntamiento obró indebidamente al no contestar la solicitud de licencia y por ocultar a la propiedad de Muleta II unos informes supramunicipales.

Los hechos ahora sentenciados se remontan al año 2007, cuando el ayuntamiento estaba bajo la gestión del anterior gobierno del pacto de progreso. La promotora Birdie Son Vida, propietaria de los terrenos de Muleta II, había solicitado en fecha 9 de febrero de 2007 (cuando gobernaba el PP) la licencia de obras. Su finalidad era llevar a cabo trabajos de mejora en las infraestructuras existentes en la polémica urbanización. Pero el ayuntamiento hizo caso omiso a la solicitud de licencia y, al final, la rechazó a través de la figura del silencio administrativo. Posteriormente emitió un decreto, fechado el 25 de julio de 2007, en el que decidía "no otorgar por silencio administrativo la licencia de obras solicitada".

La propietaria de Muleta II recurrió entonces a la vía judicial por entender que se habían vulnerados sus derechos y pedía un pronunciamiento judicial estimatorio de sus pretensiones. El veredicto viene a dar cumplimiento parcial a la petición de Birdie Son Vida, porque el magistrado declara nulo el decreto con el que se rehusó la licencia de obras. Sin embargo, el juez no obliga al ayuntamiento a otorgar la licencia que fue rechazada por silencio administrativo, tal y como reclamaba.

La sentencia fue dictada la semana pasada y puede ser objeto de recurso de apelación en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

El juez que ha redactado la sentencia critica la mala praxis del ayuntamiento de Sóller en este caso, ya que no informó a la promotora de la existencia de unos informes técnicos que desaconsejaban el otorgamiento de la licencia.