Asociaciones hoteleras y de comerciantes la han calificado como la "una de las más trascendentes normativas que se hayan preparado en estos últimos años" en Calvià. Se trata de la ordenanza municipal de protección del medio ambiente contra la contaminación acústica, que debe marcar la hoja de ruta a seguir contra los excesos de ruidos.

En un principio, la normativa debía aprobarse hoy de forma definitiva en sesión plenaria. De hecho, era un punto que figuraba en el orden del día de la comisión informativa que tuvo lugar el pasado viernes y que sirve para tratar los temas que irán a pleno. Sin embargo, el punto fue retirado y no se llegó a abordar, por lo que hoy tampoco se debatirá.

Fuentes municipales del ayuntamiento de Calvià atribuyeron esta circunstancia a la necesidad de revisar unos informes técnicos, susceptibles de ser "matizados".

El sector turístico mira con preocupación esta nueva ordenanza, que pondrá fin a las moratorias de obras de verano en zonas turísticas para no interferir en el desarrollo de la temporada alta. Desde el Ayuntamiento, recalcan que deben adaptarse al decreto ley que modificó la Ley contra la Contaminación Acústica de Balears.

Además, en los últimos tiempos, se han producido sentencias judiciales favorables a los intereses de los constructores y en contra de la suspensión de obras en los meses de estío, que han dado carta legal al fin de las moratorias. Ante tal estado de cosas, la semana pasada, dirigentes hoteleros como Antoni Roses (Santa Ponça) y Miguel Ángel Jiménez (Peguera), junto con el presidente de Acotur, Pepe Tirado, mantuvieron una reunión con representantes municipales para transmitirles su preocupación por el hecho de que la futura ordenanza sea excesivamente "light" con los controles sobre los ruidos de las obras. "El permitir grandes obras puede perjudicar a los hoteleros y a la oferta complementaria. Los clientes pueden llegar a pedir indemnizaciones en concepto de daños y perjuicios", declaró ayer Tirado.

Los representantes del sector turístico pidieron también que se definan mejor qué instrumentos utilizará el Ayuntamiento para parar aquellas obras que superen el nivel de decibelios permitidos, cifrado en unos 65.

Desde el Consistorio, se les habló, por ejemplo, de que se está formando a unos agentes para que compongan una patrulla verde que supervise la emisión de decibelios, según refirió Tirado.