Duro golpe al movimiento ecologista balear. El Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJB) ha ratificado un acuerdo alcanzado entre los propietarios de la urbanización de Muleta II y el Govern balear con el que los terrenos recuperan el estatus anterior a 2008. De esta forma, la descalificada urbanización vuelve ser suelo urbano y edificable según la normativa urbanística de Sóller existente hasta el momento en que el Govern del pacto de progreso aprobara la conversión de Muleta en terreno rústico por ley en el año 2008.
El pacto entre ambas partes es fruto de la demanda que interpuso la sociedad Birdie Son Vida, propiedad del magnate Matthias Kühn, contra el acuerdo de descalificación urbanística del Parlament balear, que también afectó a otras urbanizaciones de Mallorca. La empresa propietaria de la urbanización reclamaba a la administración balear cien millones de euros en concepto de indemnización por haber descalificado unos terrenos que previamente había adquirido como urbanos y edificables. Los letrados del Govern han alcanzado un acuerdo con los de la propiedad, representada por Miguel Ramis de Ayreflor, con lo que queda sin efecto la demanda millonaria a cambio de que los terrenos recuperen su condición de urbanos. El convenio fue presentado ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJB que lo ratificó el 23 de julio pasado. El auto que valida jurídicamente el acuerdo establece, también, una serie obligaciones para el ayuntamiento de Sóller.
Lo hace instando al municipio a modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para que los terrenos de Muleta II vuelvan ser grafiados como suelo urbano. La misma categoría urbanística que tenía hasta el año 2008.
El acuerdo avalado por el tribunal es completamente firme y no cabe recurso en su contra porque ambas partes están de acuerdo con su contenido. El Ayuntamiento no era parte en el litigio y, en consecuencia, deberá acatar los términos definidos en el auto del TSJB.
La resolución judicial con la que Muleta II cambia de categoría urbanística da una serie de mandatos de obligado cumplimiento para el municipio. Gabriel Fiol, presidente del TSJB, declara en su auto que Muleta II "es suelo urbano" y por ello establece que "el plan general de Sóller deberá ser modificado para incorporarlo al mismo". En su resolución, afirma que "queda claro que el ayuntamiento de Sóller está obligado a reconocer que el suelo de Muleta II es urbano en virtud de la ley de medidas urgentes para la ordenación urbanística sostenible.
