17 de julio de 2013
17.07.2013
Pollença

Condenan a Cifre a pagar 100 euros al día hasta que derribe una casa ilegal en el Calvari

El Ayuntamiento concedió la licencia en 1992, pero el Tribunal Supremo ordenó la demolición porque la vivienda alteró las vistas desde el monte

17.07.2013 | 06:30
La vivienda está situada en la parte alta del Calvari.
El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha emitido un auto mediante el que impone una multa coercitiva de cien euros cada diez días al alcalde de Pollença, Tomeu Cifre (PP), hasta la "total ejecución" de una sentencia del Tribunal Supremo que obliga a derribar una vivienda situada en el Calvari de Pollença. El fallo judicial es firme desde el 20 de octubre de 1999.

El caso se remonta al 1992, cuando el ayuntamiento de Pollença concedió licencia de construcción a la vivienda en la parte alta del Calvari. La licencia fue recurrida por un vecino. El TSJB anuló un año más tarde la autorización municipal.

Tras una serie de recursos presentados por la propiedad y el Ayuntamiento, por una parte, y la parte denunciante, por la otra, finalmente el Tribunal Supremo falló a favor de los denunciantes. El alto tribunal obligó al ayuntamiento a derribar la construcción en base a un artículo de la Ley del Suelo que obliga a respetar las vistas panorámicas singulares que se observan desde las zonas con categoría de centro histórico.
Una providencia de diciembre de 2012 ordenaba al ayuntamiento de Pollença a finalizar las obras de demolición el pasado 1 de julio. Sin embargo, el 31 de mayo de este año, los denunciantes manifestaron que el consistorio incumplía la sentencia de derribo y que las obras de demolición no habían sido iniciadas el 1 de mayo de 2013, tal y como obligaba la providencia de diciembre de 2012.

Entonces, el TSJB dio el pasado 4 de junio un plazo de tres días al ayuntamiento para que facilitara el nombre de la autoridad responsable del cumplimiento de la sentencia, pero el consistorio no se pronunció. El 14 de junio, la propiedad de la vivienda solicitó que se suspendiese la ejecución hasta que el ayuntamiento no le facilitase una vivienda digna, a lo que se opuso la parte denunciante.

En el auto, el TSJB argumenta que "la ejecución de la sentencia dictada el 11 de noviembre de 1993 se viene demorando desde el año 2004, siendo firme desde el 20 de octubre de 1999", por lo que decide utilizar la vía de las multas coercitivas para forzar la ejecución del derribo.
Ayer la asociación Arca, que desde hace veinte años apoya al denunciante, expresó su satisfacción por la sentencia de derribo de una vivienda que "obstruía la panorámica del mirador del Calvari ya que se elevaba 3,5 metros y ocupaba 20 metros de ancho".

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