El TSJB da dos meses a Deià para restaurar los terrenos de los chalés de Llucalcari

Un auto emitido ayer por la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) otorga un plazo de dos meses al ayuntamiento de Deià para restaurar a su estado original los terrenos donde se ubicaban los cuatro chalés de Llucalcari que fueron derribados por sentencia judicial entre los pasados años 2011 y 2012.

El auto requiere al alcalde de Deià para que, "inmediatamente y sin dilaciones", siga con la ejecución de las obras necesarias para cumplir la sentencia firme del Tribunal Supremo de marzo de 2005 que obligaba a derribar las construcciones ilegales y a restaurar el terreno a su estado original. Básicamente, la Audiencia recuerda que las obras que quedan pendientes son las de "limpieza de escombros y basuras, nivelar el suelo, restauración de los bancales, de las conducciones sobre rasantes, plantación de vegetación autóctona, muros de cimiento y todas las obras que sean imprescindibles".

El TSJB se muestra especialmente duro con el ayuntamiento de Deià, del que constata una "reticencia más que palpable" a la hora de cumplir el mandamiento judicial, y porque entiende que los aspectos técnicos o medioambientales argumentados por Deià "no son un obstáculo". Además, recuerda a la administración local que el Tribunal "puede adoptar cuantas medidas coercitivas sean imprescindibles, y lo hará, ya que es una exigencia de la Ley".

Según la Audiencia, el Ayuntamiento "intenta burlar la ejecución de la sentencia" mediante un "incumplimiento disimulado", algo que "no es tolerable".

El TSJB considera probado el derribo de los cuatro chalés ilegales, cuyas primeras sentencias de demolición datan de 1992. En abril de 2012, el ayuntamiento de Deià registró un oficio en el TSJB en el que comunicaba la finalización de las obras de derribo y que, "en ese momento", se estaban llevando a cabo los trabajos para recuperar los terrenos.

Trabajos no realizados

Ya en enero de 2013, el Consistorio aseguraba en la memoria de actividades para la restitución de los terrenos que en el presupuesto de este año está prevista una partida para los trabajos, que "serán ejecutados con la mayor brevedad posible".

También en enero, el TSJB recibió alegaciones de vecinos en las que se quejaban de que todavía quedan actuaciones pendientes en los terrenos de Llucalcari. El GOB, primer denunciante del caso, solicitó también a la Audiencia un reconocimiento judicial del estado actual de las demoliciones de los chalés, una petición que ha sido desestimada.

El auto fechado ayer parafrasea el artículo 18.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dispone que "las sentencias se ejecutarán en sus propios términos". El TSJB admite que, después de años de vicisitudes alrededor de los chalés ilegales de Llucalcari, en la actualidad el proceso se encuentra en "una fase mucho más avanzada y ya se han derribado las cuatro edificaciones, con licencias anuladas", pero añade que "no se ha ejecutado debidamente la sentencia" y recuerda que la parte dispositiva de la sentencia firme se refería claramente a la "restitución de los terrenos al estado natural del paisaje antes de deducir los desmontes y edificación", una frase que aparece en el auto subrayada en negrita "expresamente".

La Audiencia remarca, además, que "no se necesitan proyectos técnicos o estudios de impacto ambiental por exigencia del Tribunal" porque "la ejecución es conforme a la Ley".