­El pleno de aprobación de los presupuestos de 2013 celebrado ayer tarde en Artà (10,5 millones de euros) no se caracterizó precisamente por la tranquilidad. Lo que debería haber sido una sesión casi rutinaria, dado el entendimiento en los números municipales de los tres socios de gobierno (Iniciativa-Verds, Convergència per les Illes y Unió d´Independents), se convirtió en una denuncia abierta de permisividad de irregularidades urbanísticas.

Y es que después de ofrecer su voto afirmativo a las cuentas, el socio y regidor de Iniciativa-Verds (I-V), Guillem Caldentey, quiso puntualizar la serie de aspectos que han hecho que durante las últimas semanas se haya abierto una nueva grieta dentro del pacto de centro-izquierda. Caldentey puso dos ejemplos de lo que considera una mala gestión urbanística por parte de Unió d´Independents (UIA) en general y del alcalde Jaume Alzamora en particular.

El primero parte de una denuncia del Seprona (Guardia Civil), que en septiembre detectó unas obras irregulares con el permiso caducado en una vivienda unifamiliar en una parcela cercana a Bellpuig. Los agentes fueron a consultar al departamento de Urbanismo consistorial, donde comprobaron que se habían agotado las prórrogas. Pese a ello y a que existe un informe de los técnicos municipales donde se insiste en la imposibilidad de pedir una nueva prórroga al haber cambiado recientemente las Normas Subsidiarias, ni la concejal del área, Magdalena Fernández, ni el alcalde han impedido que las obras continuen a buen ritmo.

"El alcalde no hace nada..."

"A día de hoy las cosas siguen igual. El alcalde no hace nada y el Ayuntamiento renuncia a nuevos ingresos que podría recaudar por la nueva licencia que los propietarios deberían haber tramitado", explicó Caldentey durante el pleno, antes de proseguir con un segundo caso, el de otra vivienda unifamiliar aislada, en este caso con un expediente de demolición por exceso de volumen. Según el regidor de I-V y consta en la documentación consistorial, el alcalde conocía el caso y tenía una orden de la secretaria municipal, a punto solo para ser firmada. "Pocos días después, este dos de enero, el expediente caducó". Alzamora tampoco está dispuesto ahora a firmar una propuesta de reinicio del expediente.

"Ante esta obstrucción del alcalde y la regidora de Urbanismo y Hacienda, este concejal entiende que hay una voluntad política evidente y unilateral de no tramitar ni los expedientes de caducidad de licencias, ni los de disciplina urbanística. Incluso de impedir que I-V pudiera dejar constancia de nuestro desacuerdo y así hacernos cómplices de su actuación", finiquitó Caldentey.