En el pleno ordinario celebrado ayer en el ayuntamiento de Inca, el equipo de gobierno del PP votó junto a los tres grupos de la oposición para aprobar, por unanimidad, una propuesta del PSOE que insta al gobierno central a exonerar a las personas físicas del pago de las nuevas tasas judiciales impuestas por el ministerio de Justicia que preside el popular Alberto Ruiz Gallardón.
En un pleno de alto contenido político, el PSOE defendió la necesidad de eliminar las tasas judiciales, cuya aprobación ha motivado las quejas de todos los estamentos de la judicatura española, para que "todos los ciudadanos puedan acceder a la administración de justicia, independientemente de su posición social y situación económica".
El resto de partidos de la oposición apoyaron los argumentos del PSOE, aunque los Independents fueron más allá y solicitaron que, además de las personas físicas, también quedaran exentas de pagar las tasas las empresas con facturaciones inferiores a los ocho millones de euros, una petición que el pleno aceptó. El PSM recordó que el acceso a la Justicia es un "derecho fundamental" y recriminó al gobierno central el hecho de "subir los precios de servicios básicos como la Justicia y la Sanidad y, al mismo tiempo, aportar millones de euros para salvar a los bancos".
Por su parte, el regidor de Economía, Antonio Aguilar, informó a la corporación de que el PP votaría a favor de la moción siempre y cuando el PSOE accediera a retirar del texto un párrafo en el que se criticaba la "voluntad" del gobierno de "desmantelar los servicios públicos". Según Aguilar, "aquí no se desmantela nada, simplemente se aplica una tasa". Finalmente, el texto quedó aprobado sin la citada referencia.
El caso Over, a debate
Uno de los puntos de más interés público de los tratados en la sesión de ayer era la petición del PSOE de constituir una comisión de investigación sobre las contrataciones del caso Over, en el que el exalcalde Pere Rotger (PP) fue imputado justo después de la desimputación del actual edil popular de Inca. Como era de esperar, el PP rechazó la citada comisión, mientras que PSM e Independents optaron por la abstención al considerar que "no es el momento" de investigar el caso a nivel interno mientras está en marcha la investigación judicial.
El portavoz socialista, Xavier Ramis, justificó la propuesta en la "necesidad" de que los ´inquers´ "sepan los motivos" por los cuales el Ayuntamiento contrató a la empresa Over para fines "distintos" a los previstos inicialmente. Ramis precisó que la intención del partido "no es suplantar la función de los juzgados, sino depurar responsabilidades políticas". "El alcalde debería ser el primer intresado en aclarar el caso", añadió.
El alcalde Torres respondió que la moción era "desagradable" y de "mal gusto" y recriminó a Ramis que "al día siguiente" de la imputación del alcalde "ya pedía la dimisión, sin respetar la presunción de inocencia". El edil popular añadió que "la investigación judicial está abierta desde hace dos años" y preguntó al secretario si es compatible investigar el caso a nivel municipal con un caso judicial abierto. El funcionario replicó que "legalmente es posible, pero si la comisión decidiera iniciar un expediente no podría hacerlo debido a que la investigación judicial está en marcha".
Por otra parte, el pleno aprobó por unanimidad otras propuestas como una declaración contra la violencia de género, una moción que solicitaba a SFM la reapertura del acceso a Crist Rei desde la estación ferroviaria, otra propuesta a favor del mantenimiento del servicio de teleasistencia domiciliaria, un texto en apoyo del comercio local y otro en contra de los despidos en Ibanat y Espais de Natura, todas ellas del PSM.
