El ayuntamiento de sa Pobla ofrecerá a sus proveedores, a partir del año que viene, la posibilidad de compensar el dinero que les debe a través de los impuestos, tributos y tasas que ellos tendrían que abonar al Consistorio. La propuesta fue presentada por la Lliga Regionalista en el último pleno municipal y fue respaldada por todos los partidos políticos. El portavoz de la Lliga, Josep Joan Capó, explicó que "dado que uno de los principales objetivos del Consistorio es saldar la deuda que mantiene con los proveedores, creemos que compensarles los tributos es una buena manera de empezar". El Ayuntamiento de sa Pobla debe a día de hoy a los proveedores más de seis millones de euros.
El equipo de gobierno tildó la medida de "muy positiva" y se comprometió a publicitarla ya que considera que "agiliza el desarrollo económico y no pone trabas a las empresas locales"
El alcalde de sa Pobla, Biel Serra (PP), aseguró que "aunque la moción sólo será aplicable a partir del año que viene, el Ayuntamiento de sa Pobla ya ha empezado a actuar de oficio con más 50 proveedores del municipio, a los que se les ha compensado 74.000 euros en concepto de tributos como son la contribución, el IBI, el impuesto de circulación o la basura". Según defiende Serra "es la primera vez en la historia que antes de aprobar una moción, el trabajo ya está hecho".
El munícipe relató que durante los encuentros que mantuvo el mes pasado con los ciudadanos para hacerles extensiva la delicada situación económica municipal, algunos vecinos instaron al Consistorio a aplicar la medida, y la administración local se comprometió a estudiarlo.
El portavoz del PSOE, Lluís Socías, echó en cara al equipo de gobierno que "las propuestas para mejorar la situación económica del Consistorio siempre vienen de la oposición", a lo que Serra respondió que "según marca la ley, la compensación a los proveedores se podría haber aplicado la pasada legislatura y tanto PSOE como Independents per sa Pobla, no lo hicieron".
En el transcurso de la sesión el equipo de gobierno rechazó las alegaciones que el PSM y la Lliga habían presentado a la Ordenanza del Buen Gobierno, precepto que prohíbe el uso de indumentarias que no permitan la identificación de las personas.
