El Ayuntamiento en pleno ha aprobado un expediente de demolición incoado a Peter Thomas Goodfellow de unas casetas prefabricadas en la parcela 436 del polígono VI, que carecen de las pertinentes licencias. El concejal de Planificación Urbanística, Josep Melià (UM), explicó que se trata de "unas obras ilegales en la carretera Palma-Alcúdia", para las que se ha ordenado su derribo a cargo del propietario, o si no actuará la administración. Asimismo, se le requerirá para que restituya a su primitivo estado los terrenos.

La tramitación del expediente ha tardado nada menos que tres años en resolverse, pues las obras en cuestión fueron suspendidas por decreto municipal el 26 de noviembre de 2002. Se trata de la instalación en una parcela rústica de edificaciones prefabricadas, así como la construcción de edificaciones de bloques y apilamiento de materiales y escombros sin autorización municipal.

La orden de demolición no contó con el respaldo unánime de la corporación. El PP -cuyo concejal Jaume Viver solicitó no intervenir durante el debate del punto ni participar en la votación- se abstuvo, razonando su portavoz, Coloma Terrasa, que le parecía "un contrasentido" que el Ayuntamiento "ordene el derribo de unas casetas prefabricadas y luego habilite ´contenedores´ como local de ensayo para jóvenes".

Terrasa se refería al módulo prefabricado que se encuentra instalado detrás del aula de gimnasia del polideportivo municipal. La caseta mide 35 metros cuadrados y es alquilada mensualmente a los grupos musicales juveniles por una tarifa módica para sus ensayos.

ASI: "Todos iguales"

Por su parte, Emilio González (ASI) esgrimió el caso de una "gran vivienda ilegal" en la zona de Bonaire, que lleva décadas construida, "y nadie ha ido nunca allí para derribarla". González reclamó al equipo de gobierno "demoliciones para todos y por igual".

Precisamente, cabe recordar una reciente sentencia que ha condenado al Ayuntamiento y al Consell a reabrir un camino público entre Alcúdia y el Port, cerrado por un particular con pilares y somieres. El magistrado ha recriminado duramente la dejadez de ambas administraciones -"inadmisible", señala-, que no han intervenido en este caso de obras ilegales denunciado cuatro años atrás, pasándose además la pelota entre ellas.