El departamento de Disciplina Urbanística del Área de Modelo de Ciudad, Vivienda Digna y Sostenibilidad del ayuntamiento de Palma ha impuesto 64 sanciones por obras ilegales o legalizadas fuera de plazo desde el 1 de enero hasta el 6 de junio de 2022, las cuales suman un importe de 1.495.360 euros.
Reducción del 50%
Cabe recordar que a finales de 2020 se cambió la normativa para estimular el cumplimiento de la normativa. Si una obra sin licencia se legalizaba en un plazo de dos meses desde que se abría el expediente de Disciplina Urbanística, la sanción se reducía un 95%.
Con el cambio, la reducción pasó a ser del 50%. En los casos en que se tomen las obras ilegales, la bonificación ha pasado a ser del 90% al 50% o el 60%.
El Ayuntamiento señaló ayer en una nota de prensa que con este control, «no es tan rentable» realizar obras que no cumplan la normativa. Cabe destacar que cuando no se cumplen las órdenes de demolición de las obras ilegales pueden ponerse hasta 12 multas coercitivas del 10% del valor de las obras (con un mínimo de 600 euros) hasta que la propiedad las tome. La finalidad de estas multas es que la propiedad cumpla con las órdenes de retirada.
Por esta vía, el ayuntamiento de Palma multó por valor de 450.000 euros el pasado año, mientras que los primeros seis meses de 2022 han sido de 195.000 euros. Desde su inicio, se han puesto un total de 160 multas coercitivas.
Este primer semestre de 2022 se han realizado 300 denuncias y se han abierto 110 expedientes, de los cuales se han archivado 55 tanto por la retirada voluntaria de las obras como por haber obtenido la legalización.
