El PP afirma que el nuevo Plan General convertirá la ciudad en una "ratonera" y la dejará sin comercio de proximidad

Por ello el PP de Palma ha solicitado en el acto de presentación de las alegaciones al nuevo planeamiento, cuyo plazo finaliza mañana, que se proceda "a la paralización de la tramitación" con el fin de "repensar las propuestas urbanísticas" y corregir "los numerosos fallos que contiene", en palabras del presidente de los conservadores de Palma, Jaime Martínez.

Además, Martínez ha indicado que el planeamiento tal como se plasma en la documentación a exposición pública tras la aprobación inicial, "paraliza la inversión, genera inseguridad jurídica no solventa el gravísimo problema de la vivienda ya que lo pospone como mínimo a diez años, provocará un caos en la movilidad y expulsa el comercio de proximidad al extrarradio".

Por ello, los conservadores palmesanos afirman que se trata de "un mal plan para los ciudadanos, es un mal plan para los profesionales que tienen que desarrollar los proyectos que contempla y es un nefasto plan para la ciudad".

Martínez ha explicado que han presentado un conjunto de alegaciones agrupadas en cinco grandes cuestiones, "dada una de las cuáles con peso suficiente para paralizar la tramitación", además de otras cuestiones más puntuales. Ha recordado asimismo que debido a la "nula transparencia, la falta de consenso y participación" de la propuesta, más de 60 entidades, empresarios y ciudadanos han acudido a la oficina creada por los conservadores para ayudarles a la redacción de alegaciones. Martínez está convencido que se trata de un "mal plan" y que por ello recibirá multitud de alegaciones tanto de particulares como de entidades, como las ya anunciadas por parte del GOB, Terraferida, Afedeco y Pimeco, la Asociación de Hoteleros y Arca, entre otras.

La primera de las razones esgrimida por los populares para la paralización de la tramitación, consiste en que no se ha aprobado un nuevo avance de planeamiento, sino que se ha cogido el de 2014 aprobado por el Partido Popular, y se ha incorporado a la documentación, lo que supone que "se están utilizando datos de 2011 para 220". Por si lo anterior no fuera suficiente en septiembre del año pasado el Consell aprobó definitivamente el nuevo Plan de Equipamientos Comerciales (PECMA) que modifica sustancialmente las previsiones del plan y ahora el Govern ha aprobado una nueva Ley Turística, "cuyas determinaciones tampoco recoger este Plan General".

En segundo lugar, el presidente de los conservadores palmesanos considera que el plan se debe paralizar porque el estudio económico y financiero que lo acompaña prevé que el 40% de las inversiones necesarias para la ejecución de los proyectos que detalla, "dependen de otras administraciones sin que se acompañe de ningún convenio ni compromiso de gasto". Por esta razón considera que el estudio económico y financiero "no es real ni viable".

En tercer lugar, aduce razones de seguridad jurídica para dejar en suspenso la aprobación del plan. Martinez afirma que existen multitud de errores de grafismo "que no se pueden tolerar en un documento que ha costado más de un millón de euros", así como de traducción del texto castellano al catalán y distintas versiones en ambas lenguas de lo que se aprueba, "lo que provoca la inexistencia de seguridad jurídica". Además existen una serie de artículos que trasladan la decisión definitiva sobre determinadas actuaciones a la comisión de Centro Histórico, lo que, a su juicio "lleva a la discrecionalidad". En el caso de los solares vacíos se da un plazo de entre cuatro a seis años a sus propietarios para que los edifiquen, en caso contrario "pueden ser expropiados por el Ayuntamiento para la construcción de viviendas de protección oficial", lo que, para Martínez, "es un ataque en toda regla a la propiedad privada y a las familias".

También ha puesto de manifiesto la falta de simplificación de la tramitación administrativa del nuevo plan, que va a provocar una mayor complejidad a al hora de la consecución de licencias de obras en lugar de aprovechar para acelerar los trámites. Por último no resuelve el problema de la vivienda "ni a presente ni a futuro". Según Martínez el nuevo planeamiento "no contempla ninguna actuación para mejorar la vivienda en la ciudad, y las actuaciones que propone llevan a que no se invierta en el mercado de vivienda".

Considera asimismo que el gravamen del 150% del IBI a las viviendas vacías, no va a ser un incentivo para incrementar el mercado de alquiler, por lo que, tal como ya han anunciado, "lo vamos a quitar y sustituir por una serie de incentivos". Critica que tampoco se actúe en el denominado índice de intensidad de uso residencial y tampoco se aprovecha el nuevo planeamiento para igualar alturas en determinadas zonas que podrían incrementar el número de viviendas que se pueden autorizar.