El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Palma impedirá de forma definitiva que en un futuro se puedan instalar actividades de carácter industrial intensivo en Son Güells, como la planta hormigonera que estaba proyectada en esta zona y que finalmente no podrá disponer de la correspondiente licencia de actividad.

La teniente de alcalde de Modelo de Ciudad, Neus Truyol, ha confirmado que en el nuevo planeamiento urbanístico en la zona del Estadi Balear-Son Güells, solo se permitirá el uso residencial y el terciario compatible con éste (como, por ejemplo el comercial, como en cualquier otro barrio de la ciudad). De esta forma, junto con la suspensión de licencias de usos industriales aprobada por Cort de forma provisional, quedará cerrada la posibilidad de que en un fututo puedan instalarse actividades industriales tal como permitía la modificación de las normas urbanísticas aprobadas por un gobierno municipal del PP en 2006.

Si bien aún falta el pronunciamiento de la comisión balear de Medio Ambiente sobre el proyecto de hormigonera, la teniente de alcalde está convencida de que el informe de esta comisión "política" será en la misma línea que el pronunciamiento de la semana pasada de la comisión técnica, desfavorable a la concesión de la licencia de actividad a la planta de fabricación de hormigón debido al elevado impacto ambiental y paisajístico en una zona eminentemente residencial.

Por ello, la teniente de alcalde se ha congratulado por este pronunciamiento, que recuerda que va en la misma línea que los dos pliegos de alegaciones en contra que ha presentado el Ayuntamiento y de la lucha vecinal surgida a raíz de que los vecinos de la zona tuvieron conocimiento de la solicitud para la implantación de la planta hormigonera.

Asimismo, la teniente de alcalde se ha congratulado de que tanto la comisión técnica como el informe también desfavorable de la conselleria de Medio Ambiente, recogen las cinco líneas argumentales expuestas por Cort para oponerse a esta planta. En primer, lugar por la contaminación atmosférica y paisajística que provocaría el funcionamiento de la planta; por la salud de los 840 vecinos que ahora viven en la zona, pero que en un futuro pueden ser 4.000; por la necesidad de la protección de las personas más sensibles ya que en su entorno hay una residencia y un centro de día para personas vulnerables; por su incongruencia con la planificación urbanística y porque el nuevo Plan General impedirá los usos industriales intensivos en esta zona.

Truyol ha recordado asimismo la existencia de un acuerdo plenario unánime en contra de la implantación de actividades industriales en esta zona y han manifestado su convencimiento de que la empresa promotora no tiene derecho a indemnizaciones, puesto que ni siquiera había conseguido disponer de los informes preceptivos para la concesión por parte de Cort de la licencia de actividad, por lo tanto, no han adquirido ningún derecho. Al respecto, ha manifestado que la promotora está en su derecho de presentar los recursos que considere oportunos. No obstante, insistió en que tanto desde el Ayuntamiento como desde las demás administraciones implicadas, consideran "poco probable" que estos recursos puedan surtir efecto porque los argumentos en contra de la planta "son irrefutables", por lo que sería "muy sorprendente" que fueran atendidos.