La Defensora del Ciudadano, Anna Moilanen, ha puesto el dedo en la llaga cuando ha pedido al equipo de gobierno que proceda a eliminar cuanto antes el agravio comparativo que se produce entre establecimientos de restauración de Santa Catalina por estar situados en la denominada plaza del mercado que, en la práctica, no es tal, al menos entendida como un espacio libre público no edificado. Resulta que el decreto que permite a los bares y restaurantes ocupar desde el pasado mes de mayo con mesas y sillas el espacio de los estacionamientos de vehículos situado delante de su local, excluye aquellos que dan a una plaza o a una calle peatonal. Si lo anterior tiene sentido en la mayoría de casos con el fin de que las terrazas no quiten espacio a los peatones, en el caso de la plaza del mercado de Santa Catalina no se entiende, puesto que, si bien nominalmente este espacio lleva el nombre de plaza, el edificio del mercado lo ocupa en su totalidad, por lo que, en la práctica, es como si estos establecimientos dieran a una manzana cualquiera. De hecho, por ejemplo, los locales contiguos que dan a la calle Aníbal no tienen esta restricciones.
¿Qué ha pasado con el informe sobre el edificio de Can Serra?
Lo preguntó la Defensora de la Ciudadanía en la última comisión previa al pleno. Anna Moilanen se hizo eco de una información de principios del presente año sobre el mal estado de conservación del edificio de Can Serra, un inmueble del siglo XIII de propiedad pública y que está calificado como Bien de Interés Cultural (BIC). Desde Urbanismo se informaba que se realizaría una inspección a este inmueble con el fin de comprobar su estado de seguridad, al tiempo que se indicaba la posibilidad de disponer de dinero procedente de la Ley de Capitalidad o de los fondos de la ecotasa con el fin de acometer su reforma. Tal como señaló Moilanen, nunca más se supo.
