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Cort elude definirse sobre la protección de sa Feixina

El Ayuntamiento suspende el pronunciamiento municipal sobre la inclusión del monumento al crucero Baleares en el catálogo de elementos patrimoniales a proteger hasta que haya una sentencia firme

Cort elude definirse sobre la protección de sa Feixinab. ramon

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palma, integrado por el PSOE, Més y Podemos, ha eludido definirse sobre la inclusión o no del monumento al crucero Baleares de sa Feixina en el catálogo municipal de edificios y elementos de interés histórico, artístico, arquitectónico y paisajístico "hasta que se produzca un pronunciamiento judicial firme en relación al acuerdo del Consell de Mallorcade no declarar como Bien Catalogado el monolito".

El tripartito de Cort rechaza de esta forma las alegaciones presentadas por Arca, la asociación de vecinos de Santa Catalina y el grupo municipal del PP, quienes abogan por la inclusión del monumento levantado en honor al crucero de guerra Baleares en sa Feixina en la ampliación del catálogo municipal de elementos a proteger, que se está tramitando.

El acuerdo, que aún no es firme puesto que la ampliación aún debe aprobarse definitivamente en el próximo pleno municipal, recoge íntegramente el informe emitido por los servicios jurídicos municipales en relación a las alegaciones presentadas por estas tres entidades.

En este documento se recuerda que el 21 de julio de 2016 la comisión de gobierno del Consell. Se emitieron distintos informes sobre la justificación de la catalogación y, ante la disparidad de criterios, el jefe del servicio jurídico de Patrimonio Histórico emitió un informe y propuesta de resolución en el sentido de declararlo Bien Catalogado, en base al principio constitucional de la preservación del patrimonio.

Por dos veces la Ponencia Técnica de Patrimonio elevó a la Comisión insular la propuesta de declaración como Bien Catalogado, si bien tanto la comisión como el pleno de la institución insular el 18 de julio de 2017 acordaron su no protección.

Esta resolución se fundamentaba en los informes emitidos por los técnicos del servicio de Patrimonio el 3 de diciembre de 2015, del jefe de servicio de Patrimonio del 6 de junio de 2017 y del Institut d'Estudis Baleàrics del 3 de julio de este mismo año.

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