Juana, embarazada, José Julián y el hijo de ambos, de cinco años, continuarán residiendo por ahora en la quinta planta del inmueble de la calle Tomàs Rullan número 52, en la barriada de Son Gotleu, ya que el desahucio previsto para ayer por parte de un fondo buitre fue suspendido temporalmente "gracias a la presión social", según dijo el portavoz de la plataforma Stop Desnonaments, Joan Segura, apoyado por miembros de Bloque Obrero y Ciutat per a qui l'habita. Una treintena de personas logró posponer la marcha de esta familia okupa dos meses después de que sucediese lo mismo en el edificio colindante, el número 54.

Desde primera hora, varios de ellos esperaban a los agentes de la Policía Nacional que suelen ser desplazados a estas convocatorias (en febrero una acabó con cargas de los antidisturbios), así como a la comisión judicial que tenía que informar del lanzamiento a las 11,30 horas. Sin embargo, pocos minutos después del mediodía, Segura recibió una llamada en la que le avisaban de que había sido suspendido, lo que provocó los aplausos de los presentes.

Como en el resto de casos que han defendido, los activistas piden que la familia afectada ayer pueda pagar un alquiler social al dueño del inmueble, es decir, el fondo buitre Coronas Project, a pesar de que todavía está gestionado por Altamira, la inmobiliaria del banco Santander y antigua propietaria, tal como explicó el portavoz de Stop Desnonaments. "Okupan la vivienda por necesidad, aunque están dispuestos a pagar una renta asequible", añadió.

Joan Segura también denunció la situación de Latifa, una de las manifestantes presentes en Tomàs Rullan, ya que esta mujer con un hijo discapacitado reside en una pensión sufragada por Cort y le han informado de que a partir de ahora debe pagarla ella misma o buscar otro lugar para vivir.

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