El presidente de la Federació de Veïns de Palma, Joan Forteza, ha manifestado esta mañana su "total apoyo" al alcalde de Palma, Antoni Noguera, y a todos los concejales del equipo de gobierno que, en julio del año pasado, aprobaron definitivamente la prohibición del alquiler turístico en viviendas plurifamiliares en toda la ciudad, decisión que ahora es investigada por un juzgado por presunta prevaricación urbanística o administrativa tras la denuncia penal presentada por Fevitur.

Forteza ha negado que antes de la adopción de la decisión por parte del Ayuntamiento tuvieran contactos previos con Cort que pudiera deteminar la decisión final adoptada, de ahí que, a su juicio, no tenga ningún recorrido judicial la querella presentada por Fevitur.

Forteza recuerda que su Federación, por primera vez en la historia, presentó una iniciativa popular que, por ley, tenía que ser debatida en el pleno, en la que, con el aval de más de 6.076 firmas, solicitaban al Ayuntamiento de Palma, en aplicación de sus competencias urbanísticas y de acuerdo con la Ley de Capitalidad, "prohibiera el alquiler turístico en las viviendas plurifaminiares en toda la ciudad".

Esta iniciativa fue aprobada en julio de 2017con solo los votos a favor de los concejales de Més per Palma y Podemos ya que el PSOE se abstuvo, cosechando un gran abucheo del público y los representantes vecinales asistentes al acto, y del PP y el voto en contra de Ciudadanos.

Fue a raíz de este acuerdo plenario, que Forteza recuerda que es un mandato de obligado cumplimiento para el equipo de gobierno, cuando desde el departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, siendo ya su responsable el socialista José Hila, se iniciaron los trámites administrativos y se encargaron los correspondientes informes para proceder a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Palma. Estos informes se encargaron por parte del Ayuntamiento a empresas externas sin la participación en ningún momento de la Federació.

Tras los informes, la propuesta del equipo de gobierno fue la de prohibir el alquilesr turístico en pisos en toda Palma, además de limitar los establecimientos turísticos en el centro, el Noy Llevant y en las calles de toda la ciudad de menos de 20 metros. En el pleno del mes de abril de 2018 se aprobó inicialmente la limitación y, después de los correspondientes períodos de alegaciones, se produjo la aprobación definitiva en julio del pasado año, ya con los quince votos a favor de todos los grupos del equipo de bobierno y en contra del PP y Ciudadanos.

Finalmente no se aceptó, como se pretendía inicialmente, la posibilidad de alquilara la vivienda habitual a turistas un máximo de 60 días al año.