El ayuntamiento de Palma quiere adelantar la prohibición del empleo de las bolsas de plástico de un solo uso a enero del próximo año. La teniente de alcalde de Ecología, Agricultura y Bienestar Animal, Neus Truyol, espera que el proyecto de ley de Residuos y Suelos Contamidados que va a tramitar el Parlament a partir del próximo mes de septiembre mantenga esta fecha como tope o, a lo sumo, que se de un plazo de carencia de seis meses para que los comerciantes puedan adecuarse a la prohibición.
El Ayuntamiento quiso, con la modificación de la ordenanza municipal de residuos, adelantarse a la prohibición del uso de las bolsas de plástico de un solo uso al día uno de enero del presente año. No obstante, un recurso judicial presentado por una de las patronales del pequeño comercio impidió que se cumpliera este plazo, pese a que, tanto en primera instancia como el Tribunal Superior de Justicia de Balears, han dado la razón al Ayuntamiento y han mantenido en todos sus términos la normativa municipal.
Truyol es consciente, no obstante, de que el consistorio carece de competencias para la regulación del uso de las bolsas de plástico. Por ello, la nueva norma establecía que el adelanto al uno de enero del presente año (que finalmente no se ha realizado) se produciría previo acuerdo con las partes implicadas. Por ello, tanto en primera instancia como el Tribunal Superior, han considerado que la norma municipal no prohibía el uso de las bolsas, sino que posibilitaba que no se utilizasen si previamente se alcanzaba un acuerdo, lo que no ha ocurrido, de ahí que no se aplique aún.
Desde Cort también han sido críticos con el decreto estatal que obliga desde al pasado día uno de julio al cobro de las bolsas de plástico de un solo uso. Este decreto establece también que, a partir del uno de enero de 2021, se va a prohibir el uso de las bolsas de plástico ligeras y muy ligeras, y que, en enero de 2020, no se podrán usar las fragmentables debido a su contenido en aditivos no biodegradables y que suponen un alto impacto ambiental. Cort presentó alegaciones, sin éxito, a este decreto por considerarlo "poco restrictivo y por no haber incluido un precio mínimo".
