El Ayuntamiento de Palma acaba de recibir un nuevo espaldarazo judicial a su negativa de conceder la licencia de obras e instalación de un casino en el antiguo Teatro Balear.
El juzgado de lo contencioso administrativo número tres de Palma ha rechazado el recurso presentado por los representantes de la sociedad Gran Casino Teatro Balear contra un acuerdo de la gerencia de Urbanismo de enero de 2016 por el que no se admite a trámite el recurso de alzada interpuesto por los promotores de esta sala de juego.
En la sentencia se pone de manifiesto en primer lugar que no se entra en el fondo de la cuestión, consistente en determinar si se acepta o no el recurso contra la denegación de la licencia de obras por incumplir el proyecto presentado varias normas urbanísticas del Centro Histórico contempladas en el Plan General de Ordenación Urbana, puesto que este procedimiento se lleva en el juzgado de lo contencioso administrativo número uno.
Por ello, el fallo se centra en si el gerente de Urbanismo podía resolver o no, mediante un informe, no admitir a trámite el recurso de alzada presentado, o bien debía ser otro órgano como el consejo de Gerencia, la junta de gobierno local o el pleno del Ayuntamiento. En un escrito remitido por el gerente de Urbanismo al juzgado se informa que la comunicación que envió a la empresa y que ha dado lugar a este procedimiento judicial "se remitió solo para describir la situación en la que se encuentra su expediente, que ahora solo está pendiente de resolución judicial, y para dejar constancia también del resultado de la reunión celebrada en la que, por parte de la Gerencia, se confirmó que las actuaciones e informes municipales eran correctos".
Cort denegó la licencia de obras y de actividad del casino porque el proyecto presentado no disponía de estacionamientos propios, el edificio es colindante con viviendas y la sala de juegos proyectada supera los 700 metros cuadrados, cuestiones que incumplen las ordenanzas urbanísticas del Centro Histórico.
El edificio permanece precintado por orden municipal y judicial desde hace años por haber realizado obras sin licencia municipal.
