La Asociación de Restauración ha manifestado su “completo desacuerdo” con el adelanto del horario de cierre de las terrazas de sa Llonja a las 11 de la noche en aplicación de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJB) de 2014 en la que se ponía de manifiesto que los derechos de los vecinos a la salud y al descanso “están siendo vulnerados”.

El vicepresidente de esta asociación empresarial, Francisco Martínez, manifestó este miércoles que desconocían por completo las intenciones municipales, por lo que han solicitado una reunión urgente con el alcalde, Antoni Noguera, y con la concejala de Salud, Antònia Martín.

Los restauradores consideran que la situación que se daba en 2014 no se produce en la actualidad y rechazan que los informes sonométricos aportados por la asociación de vecinos del Puig de Sant Pere se puedan tener en cuenta. Teniendo en cuanta lo anterior, creen que, con el mantenimiento de los horarios actuales de las terrazas, que obliga a recogerlas a las doce de la noche de lunes a jueves y a partir de 00,30 horas los viernes, sábados y vísperas de festivo, son adecuados para garantizar el descanso de los vecinos. Además, Martínez afirmó que, con la modificación de la ordenanza de ocupación de la vía pública, se van a tener que adoptar una serie de medidas, como la recogida de las mesas y sillas cuando finalice eh horario de ocupación, que también incidirá en la mejora de los derechos de los vecinos.

Para el vicepresidente de esta asociación empresarial, la zona de sa Llonja es un espacio importantísimo de la ciudad, por lo que una medida tal como la anunciada cuando ya ha comenzado la temporada turística y sin saber a partir de cuándo se va implantar supone una situación de inseguridad para los establecimientos que les impide programar adecuadamente el funcionamiento del negocio.

El adelanto del horario de cierre de las terrazas es solo una de las medidas exigidas por los vecinos de sa Llonja, quienes también quieren que los locales deban cerrar sus puertas a las doce de la noche, que se suprima la mitad de la ocupación permitida, que se prohíba la circulación de motos y que no se den más licencias.